Se ha adherido a la última fase del mecanismo de pago



17 feb. 2014 12:57H
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Redacción. Zaragoza
Un total de 73,47 millones se destinarán a pagos procedentes del Servicio Aragonés de Salud, mientras que otros departamentos de la administración autonómica saldarán facturas por valor de 348.333 euros. Para esta operación, el Gobierno autonómico ha firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un préstamo con un tipo del 3,34 por ciento, como en la anterior fase del plan.

José Luis Saz.

Estos pagos se realizan con motivo de la nueva fase de este plan que el Ejecutivo central pone a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales para agilizar el pago de facturas a proveedores de la administración.

La deuda con los proveedores se ha reducido en 40 millones en tres meses, puesto que a mediados de noviembre las obligaciones pendientes de Aragón susceptibles de entrar en esta fase del plan ascendían a 113,8 millones de euros.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha señalado que la Comunidad sigue avanzando pagos de tesorería, "por lo que al final hemos reducido notablemente la cuantía". A esta nueva fase del plan se han podido acoger obligaciones de pago anteriores al 31 de mayo de 2013 relacionadas con los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, servicios, suministros, de colaboración entre el sector público y el sector privado, contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública, encomiendas de gestión o concesiones administrativas.

El Gobierno de Aragón ha recordado que se adhirió al primer mecanismo de este plan en 2012, cuando saldó un importante volumen de facturas pendientes de la anterior legislatura por valor de 425 millones de euros. Tras no entrar en la segunda fase del Plan por no disponer de facturas acumuladas del tipo requerido, Aragón sí se sumó a la tercera fase en noviembre de 2013 para agilizar el pago de 9,98 millones de euros, fundamentalmente en materia de conciertos sanitarios, servicios sociales e instituciones con fines sociales.

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