El Gobierno crea un Registro de Facturas para mejorar el proceso de pago a sus proveedores

Redacción. Pamplona
El Gobierno de Navarra va a poner en marcha una nueva herramienta para registrar las facturas de los proveedores del Ejecutivo foral con el objetivo de mejorar la gestión interna de las facturas e incrementar la transparencia del sistema.

Juan Luis Sánchez, portavoz del Gobierno navarro.

Para garantizar la fiabilidad del registro se creará una herramienta informática para que sean los propios acreedores los que registren las facturas, marcando así el inicio del plazo de cobro. De este modo se garantiza la entrada en el sistema contable de la factura desde el mismo momento en el que se materializa la obligación, evitándose retrasos innecesarios por razones administrativas o burocráticas.

El registro de facturas se pondrá en marcha de forma inmediata a través de la red de registros oficiales, tanto los presenciales como el electrónico. Esta base de datos se complementará con nuevas utilidades al servicio de la Administración una vez que se complete la herramienta informática que se está desarrollando actualmente.

El Gobierno de Navarra tramita anualmente alrededor de 400.000 facturas. Durante los primeros siete meses de 2012 se han contabilizado 170.000 que han generado unos pagos por valor de 348 millones de euros. El nuevo registro facilitará el control del cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley de Proveedores para el pago de esas facturas.

El consejero portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha manifestado que, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, las administraciones públicas navarras son de las más ágiles en el abono de las facturas con un plazo medio de 53 días, frente a los 125 de media estatal. En el ámbito sanitario, Navarra es también la CCAA con el menor plazo de pago a proveedores (55 días, frente a los 473 de la media nacional).

Según Sánchez de Muniáin, la demora en el pago de facturas por parte de las Administraciones genera una "cadena de insolvencia" entre las empresas proveedoras y sus propios acreedores y, en última instancia, empeora la situación del tejido empresarial.