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Redacción. Madrid El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Publicado el sábado en el BOE, ya ha entrado en vigor. Se trata de una norma que, según el Gobierno, busca "modernizar la negociación colectiva con el fin de acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores y se apoya en los autónomos y pymes, proporcionándoles mayor flexibilidad y capacidad de adaptación". Las condiciones laborales del profesional de la sanidad pública apenas se verán alteradas (contempladas en el Estatuto Marco y el Estatuto Básico de Empleado Público), al contrario que el ámbito privado y sociosanitario, que sí se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. En el capítulo de reacciones, solo CiU se ha mostrado favorable a dicha medida, mientras que PSOE, PNV y sindicatos mostraron su desacuerdo con la misma. CCOO y UGT han anunciado movilizaciones en todo el territorio el próximo día 19. Hoy está prevista una reunión entre los representantes sindicales y la ministra Fátima Báñez. Nuevos modelos contractuales y de negociación colectiva Tal y como fue presentado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el texto cuenta con 14 puntos fundamentales. Entre ellos se encuentra el nuevo papel de las empresas de trabajo temporal (ETT), que pasan a convertirse en agencias privadas de colocación, sin coste alguno para el ciudadano. Otro aspecto en el que incide la reforma es el 'derecho a la formación', contemplando que trabajadores con más de un año de antigüedad cuenten con permiso retribuido de 20 horas anuales de actividades formativas cuyo contenido debe estar vinculado al puesto de trabajo, activándose una 'cuenta formación' que recogerá su aprendizaje, sin olvidar que la edad máxima para acceder al contrato formativo se eleva. Las pymes y autónomos reciben un impulso gubernamental a través de un nuevo contrato indefinido, y las mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como autónomas, verán capitalizado el cien por cien de la prestación por desempleo, así como los jóvenes en general hasta llegar a la treintena. Y en cuanto a la regulación contractual, varios aspectos: se prohíbe encadenar contratos temporales más allá de los 24 meses; se modifica el contrato a tiempo parcial, y se generaliza la indemnización por la extinción del contrato indefinido en caso de despido improcedente (33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y en caso de despido procedente (20 días por año con un máximo de 12 mensualidades). El teletrabajo también será regulado específicamente y se anula el sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales, generalizándose el sistema de grupos profesionales. La reducción de jornada laboral contará con trámites más sencilos, así como la suspensión del contrato, al ser eliminada la autorización administrativa antes necesaria. La negociación colectiva se altera en los siguientes parámetros: prioridad de los convenios de empresa; en caso de dificultades, las empresas no tendrán que aplicar el convenio de ámbito superior (descuelgue); para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en un plazo máximo de dos años. El fraude y el absentismo son dos de los caballos de batalla de las administraciones. Para combatirlos, la nueva norma propone un Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el impulso a la realización de servicios sociales por parte de los desempleados que cobren la prestación. En cuanto al absentismo, se buscará mejorar la eficacia de la evaluación de la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo. Los sindicatos no ven “justificable” la reforma
Los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, convocaron a los medios al día siguiente del anuncio gubernamental para tildar la propuesta de "injustificable por contexto, formas y contenidos", según el portavoz de CCOO. Méndez calificó la medida de "error deliberado porque va a ahondar en la recesión y no va a crear empleo". Esta indignación conjunta se manifestará el día 19 mediante acciones programadas en toda España el próximo día 19.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que la medida abarata el despido con la fórmula del "todo a veinte", algo que entiende solo conducirá a "más paro". Rubalcaba ha advertido de que todos los contratos pasarán a tener indemnizaciones de 20 días de salario por año trabajado. "Es una operación de abaratamiento del despido como no se conoce", ha reprochado.
La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido la reforma laboral de los ataques recibidos, especialmente desde el ámbito sindical, de forma que ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos, y ha subrayado que "nadie entiende que hayan estado callados durante siete años viendo como se incrementa el paro y que hoy protesten porque los empresarios puedan decidir cómo salvar su futuro en vez de cerrar una empresa". |
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