El dinero de formación divide el sector de la dependencia

Redacción. Madrid
Las empresas que giran en torno a la prestación de servicios para la Dependencia viven días convulsos. Las patronales que supuestamente las deberían agrupar están viendo cómo sus gestiones no convencen a muchos asociados, que abandonan un barco que parece que va a la deriva. Además, desde hace un tiempo el sector vive un proceso de judicialización por culpa de los fondos para la formación, ya que la representatividad plasmada en la mesa negociadora del convenio colectivo (que se formó hace más de tres años), y por la que se reparte el ‘pastel’ del dinero para los cursos de empleo, no se corresponde con la realidad actual, en la que muchas asociaciones han dejado de formar parte, por ejemplo, de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).

Alberto Echevarría, presidente de la FED.

Esta FED, presidida por el abogado Alberto Echevarría, ha visto cómo en los últimos años ha ido perdiendo asociados importantes, como la Asociación de Entidades y Empresas de Servicios Sociales de Teleasistencia (Adessta); la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste); o Asade (Asociación de Empresas de Servicios de Atención a Domicilio Estatal).

Estas asociaciones están reclamando a la Justicia que la FED no debe acceder a esos fondos de formación continua, ya que consideran que no representa ya a sus trabajadores. También denuncian que de estos fondos se ha hecho una distribución desastrosa, dado que por ejemplo, se concentra más del 60 por ciento de los cursos del Plan de Formación Estatal en Castilla y León, que cuenta con apenas el 10 por ciento de trabajadores.

Todas las entidades mencionadas han instado a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) a que FED no siga recibiendo el dinero correspondiente a los trabajadores (más de 45.000) a los que ya no representa. De hecho, durante la instrucción de la demanda presentada, la Audiencia Nacional ha pedido a la Federación que preside Alberto Echevarría que aporte documentación sobre la representatividad que tiene. Los responsables de la FED señalan que es muy difícil reunir la documentación requerida correspondiente a cientos de empresas y trabajadores. Mientras, desde hace dos años han venido recibiendo y gestionando los fondos de formación continua de los trabajadores pertenecientes a asociaciones que ya no están bajo su paraguas.

Hay otras patronales que también han sido requeridas por la Justicia para aclarar su representatividad. La Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) ha ‘autocertificado’ tener 20.000 trabajadores y voluntarios, mientras que la Federación Nacional de Centros y de Servicios para Mayores (FNM) no ha respondido todavía.

La legislación actual, que data de la década de los 70, corre a favor de FED, Lares y FNM, y aunque está interpuesto el recurso, sólo una actualización de la normativa en la reforma de negociación colectiva podría poner fin a esta anacrónica situación que obliga a un reparto de fondos poco acorde con la realidad del sector.