El contexto económico justifica la moratoria en la incorporación de nuevos dependientes al sistema

Enrique Pita. Madrid
Las medidas de ajuste presentadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente a la crisis económica han lastrado la incorporación de dependientes moderados al sistema, para los que se ha aprobado una moratoria de un año. Desde distintos sectores se ha puesto el grito en el cielo e incluso se ha opinado que esta medida podría significar un peligro para el futuro de la norma. Sin embargo, según agentes consultados por Redacción Médica, las medidas son, dentro de su dureza, comprensibles.

Arriba: Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Juan Sitges. Abajo, José Manuel Ramírez y Albert Vergés.

Tal y como señala el director de la Fundación Caser para la Dependencia, Juan Sitges, “hemos de ser comprensivos y realistas”. Así, el contexto económico de profunda crisis en el que nos encontramos actualmente es muy distinto al que existía cuando fue redactada la Ley, por ello, Sitges considera “lógico” dar prioridad “en este momento” a aquellos grados de dependencia mayores que necesitan una atención más urgente, y retrasar temporalmente las ayudas a otros casos más leves.

Albert Vergés, secretario general de la Fundación Edad&Vida, comparte esta opinión, pero apunta que el problema para la supervivencia del sistema de atención a dependientes es la propia dimensión del sistema, por lo que reclama una revisión rápida de la Ley y de los baremos para la incorporación de dependientes al sistema. Así, según Vergés, “demorar la incorporación no será suficiente si no se dan otros pasos como revisar la financiación o avanzar en la coordinación”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, señala que no es la solución, y es que, según explica, “en términos económicos, el ahorro estimado para las arcas estatales, en el nivel mínimo garantizado de financiación a las comunidades autónomas, es muy escaso ya que se puede estimar en unos diez millones de euros para el ejercicio 2012. Si aplicásemos los porcentajes de financiación calculados para las CCAA con el actual sistema de financiación, estas últimas dejarían de gastar no más de cuarenta millones de euros en la atención a los nuevos dependientes moderados, por lo que las arcas públicas dejarían de incrementar el gasto para este grado de dependencia tan solo en cuarenta millones de euros, bastante menos del 0,6 por ciento del total de coste neto de atenciones del sistema actualmente”.

Sin embargo, sí que encuentra palabras para la esperanza en el texto del Real Decreto que sanciona estas medidas de “reajuste”. Así, destaca que “se afirma que se reformará el modelo de financiación para hacer sostenible el sistema”. En este punto, Ramírez señala que “existe un acuerdo generalizado de la necesidad de esta reforma, sin embargo, entendemos que otra cosa es la fórmula magistral para conseguirlo en un contexto que, hasta ahora, no ha hecho sino sufrir recortes”. Además, indica, el RD marca que se fomentarán políticas de promoción de la autonomía personal y de prevención para todos los grados y niveles, aspecto que “compartimos punto por punto”.