El Consejo General de Enfermería recurrirá el decreto de prescripción enfermera balear

Redacción. Madrid
El Consejo General de Enfermería (CGE) interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el nuevo decreto de prescripción enfermera balear y solicitará "su inmediata suspensión cautelar por ser contrario a la normativa estatal que establece claramente que lo regulado en Baleares es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad". Además, estudia la puesta en marcha de acciones penales contra los responsables por un posible delito de prevaricación.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo de Enfermería.

Es un “decreto inmoral” porque fue aprobado cuando quedaba un solo día para la jornada de reflexión y dos para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, y, además, cuando las encuestas dejaban muy claro que sus responsables iban a perder en las urnas, indica el CGE en una nota.

El presidente del CGE, Máximo González Jurado, ya se ha puesto en contacto con el Partido Popular (que ha ganado las elecciones autonómicas del 22-M) para solicitar su retirada inmediata y manifiesta su total confianza en que el decreto será también recurrido por el propio Ministerio de Sanidad y por la Organización Médica Colegial (OMC).

Además, ha añadido que, en estos momentos, la asesoría jurídica del Consejo “está estudiando la posible puesta en marcha de acciones penales contra los responsables de la aprobación del decreto por un presunto delito de prevaricación, porque resulta del todo impensable que no fueran avisados por los servicios jurídicos oficiales de que estaban tratando de sacar adelante una norma que es del todo incompatible con la actual legislación nacional en materia de prescripción enfermera”.

Para el presidente de los 250.000 enfermeros españoles “estamos ante un Decreto manifiestamente ilegal de principio a fin, porque contraviene una ley y un real decreto, concretamente la “Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, conocida popularmente como ‘ley del medicamento’, y el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación (BOE núm. 17, de 20 de enero). Ambas normativas establecen claramente que el Estado español es el único que tiene las competencias para regular todo lo establecido en el decreto balear, es decir, la regulación de la indicación, uso y autorización de dispensación de todos los medicamentos (sujetos y no sujetos a prescripción médica) por parte de los enfermeros y enfermeras, así como los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos para la acreditación de dichos profesionales, con efectos en todo el territorio del Estado”. Asimismo, cabe recordar que ambas normas estatales establecen que el Ministerio deberá llevar a cabo dicha regulación de la prescripción enfermera con la participación de las organizaciones colegiales de enfermeros y de médicos.

Máximo González Jurado ha calificado también el decreto de inmoral “primero, porque esta norma es aprobada en el Consejo de Gobierno Balear cuando quedaba un solo día para la jornada de reflexión, y dos para la celebración de las elecciones autonómicos y municipales, y segundo porque, además, se saca adelante a pesar de que las encuestas dejaban bien claro que los hasta ahora responsables del Gobierno iban a perder en las urnas”.
El presidente del Consejo General de Enfermería ha destacado que ya se ha puesto en contacto con la actual responsable de políticas sociales y sanidad en el Partido Popular, Ana Pastor, para plantear la ilegalidad de la norma y solicitar su retirada inmediata cuando el nuevo consejero o consejera de Sanidad tome posesión de su cargo. Y se ha ofrecido a plantearle personalmente al futuro presidente balear estos mismos argumentos que le serán remitidos en un informe jurídico que no deja atisbo de duda sobre la ilegalidad manifiesta, de principio a fin, del decreto.

Por último, González Jurado aseguró que está convencido de que el Consejo General de Enfermería no va a ser el único que recurra este decreto. “No tengo ninguna duda de que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad también lo va a recurrir porque viene a invadir competencias estatales”. Además, ha asegurado tener constancia de que la Organización Médica Colegial va a plantear su propio recurso.