15 nov 2018 | Actualizado: 19:10
Viernes, 22 de marzo de 2013, a las 00:04

Redacción. Madrid
Las alegaciones presentadas por el Consejo General de Enfermería al proyecto de Real Decreto por el que se regula el registro estatal de profesionales sanitarios que Redacción Médica publicó el pasado 21 de febrero ponen en duda la idoneidad de esta normativa. Según se desprende del documento al que ha tenido acceso este periódico, el rechazo del Consejo es frontal, fundamentalmente por tres razones: invade competencias de las organizaciones colegiales; la Administración se adjudica la capacidad de acreditar la aptitud de los profesionales y, por último, supondría un coste económico evitable.

Máximo González Jurado, presidente del
Consejo General de Enfermería.

La invasión de competencias es, de hecho, el motivo central en el que el Consejo General de Enfermería ha basado su rechazo a borradores previos. En este caso, el informe del Consejo señala que, pese a que “se ha tratado de disimular de forma muy poco afortunada esta invasión competencial”, se sigue persistiendo en el mismo error. Y es que, según explica este exhaustivo informe, “la Administración invade y suplanta los fines y funciones que corresponden a las organizaciones colegiales y a sus consejos generales”.

En este sentido, el Consejo señala que el proyecto de Real Decreto adjudica a la Administración la competencia de acreditar si un profesional tiene o no la aptitud necesaria para el ejercicio de su profesión sanitaria, aspecto este que no recoge la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que es una de las normas de las que emana este proyecto de Real Decreto.

Por último, el Consejo critica (y rechaza) la memoria económica que incluye el proyecto. Según estimaciones, el coste de la puesta en práctica del Real Decreto ascendería a más de 28 millones de euros al año. En este sentido, el Consejo recuerda que desde hace tiempo viene argumentando que este coste, que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha negado en anteriores ocasiones, podría evitarse si los registros fueran llevados a cabo por los consejos generales y los colegios profesionales, “que desempeñan esas funciones por mandato legal y estatutario, y que, en consecuencia, las atienden con cargo a sus propios presupuestos”.