Una persona atendida en el sistema público de salud cuesta 900 euros al año



15 jun. 2011 16:08H
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Redacción. Bilbao
El consejero de Economía del Gobierno Vasco, Carlos Aguirre, ha defendido conseguir "una visión conjunta del espacio sociosanitario durante su intervención en el XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), que se ha celebrado en Barakaldo (Vizcaya) y en el que ha instado a realizar "una reflexión sobre el modelo social" que será necesario financiar en el futuro.

Carlos Aguirre.

Aguirre ha defendido "racionalizar el sistema sanitario", haciendo "entre todos un gasto más sostenible", para lo cual ha considerado necesario "concretar la difusa línea existente entre la sanidad y la dependencia".

Aguirre ha dicho que "en Euskadi una persona atendida en el sistema público de salud viene a costar 900 euros al año" y "si esa atención es de un paciente multicrónico puede llegar a costar 16.000 euros al año", ha advertido.

Además, "el porcentaje de población crónica representa en la actualidad el 40 % del total de población atendida y consume el 70 % de los recursos sanitarios" del País Vasco, situación que se agravará ya que "el número de crónicos seguirá aumentando hasta consumir casi la totalidad de los recursos sanitarios públicos", ha señalado.

Por ello, el consejero ha defendido "la interrelación" del espacio sociosanitario ya que "el coste de una cama en un centro residencial es mucho menor que la de un centro hospitalario" y ha demandado "una mejor coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios" para "garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar".

Aguirre ha analizado los factores que hacen que Euskadi deba estar "preparada" ante el "cambio de época", respecto al funcionamiento de la economía y la sociedad, ante la crisis financiera y el sobreendeudamiento del sector público.

La dificultad para mantener "los sistemas de seguridad social, pensiones y sistemas de salud", ha analizado, conllevará "conflictos" y "un debate durante décadas" porque implicará "ampliar la duración de la vida laboral activa y a implantar sistemas de financiación complementaria".

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