El comité de empresa del Sant Pau estudia medidas legales contra Boi Ruiz

Boi Ruiz, consejero de Salud de Cataluña.

Redacción. Barcelona
El comité de empresa del Hospital Sant Pau de Barcelona ha asegurado este miércoles que estudia presentar una querella contra el conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, por las "coacciones y amenazas" supuestamente vertidas este lunes, cuando responsabilizó a los trabajadores de la situación de ingobernabilidad que atraviesa el centro, y que se concreta en una quincena de exaltos cargos imputados judicialmente y en la dimisón del patronato de gestión un año después de asumir el cargo.

La presidenta del comité, Carme Pérez, ha conminado en rueda de prensa al conseller a "que acabe con las falacias, acusaciones y amenazas hacia los trabajadores y que se centre en dar soluciones a los problemas reales", al entender que sus palabras pueden constituir una vulneración a los derechos fundamentales, ya que la presentación de denuncias judiciales está amparada por la misma Constitución.

Pérez ha negado que el conflicto del Sant Pau se deba a la actuación del comité de empresa --que fue renovado en 2012 después de la celebración de elecciones--, y ha recordado que Boi Ruiz les ha animado a "arremangarse" y aceptar recortes para no tener que cerrar el hospital, cuando ya sufren una reducción salarial por encima del 30%, insistiendo en que nunca se les ha ofrecido diálogo.

"Cuestionar que los trabajadores puedan requerir el auxilio de la justicia es vulnerar la tutela judicial efectiva", ha insistido la presidenta del comité, que ha apuntado como soluciones al conflicto que se mejore la infradotación económica del hospital, que se revierta la "arquitectura fundacional que facilita situaciones irregulares" --el hospital separa en una fudación privada la gestión del patrimonio y en una pública la gestión sanitaria-- y que se ponga en marcha una gestión eficiente y honesta, aspectos que no dependen únicamente de los trabajadores, ha asegurado.

Ni huelgas ni protestas

Por ello, ha rechazado que los profesionales sanitarios tengan implicación en la situación actual, ha asegurado que vincular sus reivindicaciones a un tema salarial es "una infamia", y ha destacado que el hospital sigue funcionando con normalidad, sin huelgas ni algaradas, por lo que está demostrada su buena fe de actuación, apuntando además a que lo que preocupa en realidad es la imputación de 15 exaltos cargos vinculados a los poderes públicos y, más concretamente, a CiU y PSC --ha dicho--.

El comité ha insistido en que la desviación de fondos que investiga el juez no depende de su actuación y ha apuntado además a que la dimisión del patronato de gestión y gerencia, entre ellos Xavier Corbella y Xavier Pomés, está motivada porque la Conselleria pretendía recorte el presupuesto de 270 millones de euros correspondiente a 2012 hasta los 243 millones en 2013, cuando en realidad los gestores consideraban que era necesario aumentarlo hasta los 290 millones.

Asimismo, han criticado que Salud haya reducido un tercio el ámbito de influencia del hospital pasando de una población de 450.000 habitantes a 300.000, que a pesar de tener unas características similares al Hospital Clínic de Barcelona en realidad recibe 151 millones de euros menos de presupuesto, y han cuantificado el déficit real acumulado en cerca de 300 millones de euros --frente a los 57 aportados por el conseller--.

Concurso de acreedores

Pérez, que ha aplaudido la intervención de la Conselleria de Justicia de la Generalitat a través del Protectorado de Fundaciones, ha cuestionado que se inste a la convocatoria de un concurso de acreedores, al entender que no se dan los requisitos necesarios de no poder hacer frente a los pagos pendientes.

"Es insólito e inaudito" y no tiene precedentes que un concurso de acreedores se anuncie antes de convocarlo, ha expresado, ya que ello puede hacer que los proveedores dejen de suministrar material por miedo a no cobrarlos, y todavía se entiende menos que el conseller haga bandera de ello no por la insolvencia del hospital, sino por su intención de prevenirla.

Según el comité de empresa, las reacciones de la Generalitat están encaminadas a crear una "ceremonia de confusión" en la que, lejos de aportar las soluciones adecuadas, se extienda la idea de que la culpa es de los trabajadores y no de los antiguos gestores ni de los imputados en vía judicial.

Pérez ha hecho una valoración positiva de la petición del Arzobispado de Barcelona --representa un tercio de la Muy Ilustre Administración (MIA) que gestiona las tres fundaciones del hospital-- para que el patrimonio revierta en la gestión sanitaria.

Por último, ha descartado sin embargo valorar el último auto del Juzgado de Instrucción númer 22 que sigue el caso, en el que archivaba la última denuncia del comité y cuestionaba el goteo de escritos presentados, hasta no conocerlo en profundidad.