17 nov 2018 | Actualizado: 18:20
Miércoles, 02 de octubre de 2013, a las 13:59

Redacción. Vitoria
La decisión de pedir un año de empadronamiento para prestar atención no urgente en Osakidetza a los inmigrantes sin papeles tendrá consecuencias negativas para la salud. Así lo ha manifestado el Ararteko en un texto donde pide al Gobierno que cambie su postura al respecto aludiendo al carácter prioritario del derecho a la salud.

Íñigo Lamarca.

En un documento publicado este miércoles, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ejecutivo autonómico que revise el límite de un año de empadronamiento para tener acceso a la asistencia sanitaria con el objetivo de hacer posible su “acceso efectivo” aquellas personas que no son aseguradas o beneficiarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde el Ararteko se ha denunciado un posible cambio de postura del Gobierno, alegando que en un primer momento remitió un documento en el que declaraba que, en esos casos, se valoraría a la solicitud y “si es favorable porque cumple con el resto de requisitos, se les remitirá un documento de asistencia en tanto no se cumplan los requisitos establecidos en el decreto”.

Entre los argumentos esgrimidos para la retirada de la medida destaca la universalidad del derecho a la salud, reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH) y en la Constitución Española (CE). En ese sentido, considera que la limitación supone una “barrera” a la atención sanitaria universal y que su aplicación sería negativa, no solo a nivel ético y jurídico, sino que también tendría consecuencias en lo que al nivel de salud de la población se refiere.