Esta norma otorgaba a los inmigrantes una tarjeta sanitaria de Osakidetza



28 oct. 2013 15:32H
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Redacción. Vitoria
El departamento de Salud del Gobierno vasco ha informado este lunes que el Abogado del Estado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la orden del consejero vasco de Salud, Jon Darpón, que posibilita y regula la prestación de asistencia sanitaria en Euskadi a los inmigrantes sin permiso de residencia por la que se les facilita una tarjeta sanitaria de Osakidetza.

Jon Darpón.

El director de Aseguramiento y Contratación sanitaria, Iñaki Berraondo, ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco donde ha informado sobre el desarrollo de la orden que regula la asistencia sanitaria para las personas inmigrantes.

El Gobierno vasco reguló el pasado mes de julio la asistencia sanitaria a personas inmigrantes, con la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la orden que posibilita y regula la prestación de asistencia sanitaria en Euskadi a las personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema de Salud del Estado.

De esta forma, se respondía al Real Decreto-Ley 16/2012, dictado por el Gobierno central, que retira la condición de asegurada o beneficiaria del derecho a la asistencia sanitaria a determinadas personas, entre ellas las de procedencia extranjera sin permiso legal de residencia.

El Gobierno central recurrió la orden del consejero de Salud, Jon Darpón, ante el Tribunal Constitucional (TC) que en diciembre de 2012 avaló la atención sanitaria a ese colectivo en la Comunidad Autónoma Vasca levantando la suspensión de los artículos del decreto del Ejecutivo autonómico que hacían referencia a estas personas.

Sin embargo, el director de Aseguramiento y Contratación, Iñaki Berraondo, ha informado de que la orden del consejero que articula la ejecución del derecho a la asistencia sanitaria pública de este colectivo ha sido recurrida por el Abogado del Estado a pesar de que el Ejecutivo no cambió los requisitos del decreto inicial para que no fuera impugnado.

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