Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Sábado a las 13:50

El 80 por ciento de los médicos de los hospitales a externalizar piden a Lasquetty que frene “la privatización”

Critican que las condiciones del borrador no cumplen el ineludible requisito de equidad en la asistencia

Viernes, 26 de abril de 2013, a las 16:05

Redacción. Madrid
Un total de 842 médicos y facultativos (el 80 por ciento de la plantilla) de los seis hospitales que se van a externalizar en la Comunidad de Madrid han remitido una carta al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en la que se oponen a la “privatización” prevista, según ha informado la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem).

Se trata de 842 médicos y facultativos de los hospitales universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Hospital del Henares, del Hospital del Sureste y del Hospital del Tajo. Sostienen que “las condiciones reflejadas en el borrador no cumplen el ineludible requisito de equidad en la asistencia sanitaria universal” y que “no hay garantías de independencia suficientes para mantener un adecuado control de la calidad asistencial y de la autonomía del criterio científico profesional”.

Asimismo, estos facultativos aseguran que el ahorro que alega el Ejecutivo regional “no está documentado”. En este sentido, indican que “lejos del objetivo de los 441 euros per cápita” planteado inicialmente en el Plan de Sostenibilidad hay ahora “una cápita presupuestada de 496 euros, un 12 por ciento superior”.

Además, consideran que el “incremento en la cápita no responde a criterios reales de coste y funcionamiento de los hospitales, sino a un artificio contable para cuadrar las cifras atribuidas a facturación intercentros que nunca ha sido mostrada en público, ni justificada”.

“Tampoco se encuentra suficientemente justificado ni documentado el motivo por el que existen diferencias en la cápita entre los distintos hospitales”, afirman en la misiva para añadir también que “el borrador de los pliegos continúa sin ofrecer garantías de independencia suficientes para mantener un adecuado control de la calidad asistencial y de la autonomía del criterio científico profesional”.