19 nov 2018 | Actualizado: 10:20
Jueves, 12 de abril de 2012, a las 22:14

El futuro de la dependencia, a debate
será uno de los pilares del futuro pacto sociosanitario
Ministerio y autonomías acuerdan tener lista una evaluación de la Ley de Dependencia en dos meses
Mato ha pedido a los gobiernos regionales priorizar el gasto para fines sociales

Enrique Pita / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia marcaba la necesidad de evaluar la aplicación de la norma pasados tres años desde su puesta en marcha. Cinco años después, sin ninguna evaluación realizada, el Consejo Territorial de la Dependencia se ha dado un plazo de dos meses para tener lista una evaluación que servirá para confirmar o desmentir el diagnóstico que ha hecho la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y en el que parecen haber coincidido todas las autonomías, según el cual la Ley se ha convertido en un laberinto formativo, no ha contribuido a generar empleo, no garantiza la calidad de la atención, hay un desfase entre las previsiones en número de dependientes y financiación y la realidad y se ha abusado de la fórmula de prestación para cuidadores familiares en lugar de emplear la prestación para cuidados profesionales. En definitiva, se han creado 17 sistemas diferentes de atención a las personas dependientes.

Foto de familia de la ministra Ana Mato con su equipo y los consejeros autonómicos.

Lejos de ser una decisión de cara a la galería, esta evaluación de la ley será uno de los pilares sobre los que se asiente el futuro Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales que ya anunció la ministra Mato el pasado mes de febrero. Un pacto que debe “garantizar las prestaciones sociales y sanitarias con independencia del color del Gobierno de España y que no esté a expensas de la coyuntura económica”, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Pleno del Consejo Territorial. “Vamos a hacer un sistema que sea viable y sostenible en el tiempo”, ha insistido, “que sea capaz de afrontar el reto del envejecimiento de la población española y para ello es importante que mantengamos unas prestaciones para que las personas vivan más tiempo y con mejor calidad de vida”.

Además, el Consejo ha servido para ratificar el contenido de los grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizan los baremos de valoración de la dependencia; la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los aspectos económicos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Sin duda este último será uno de los más polémicos, tras el recorte de 283 millones de euros en el nivel acordado y pese a que la ministra insiste en que la financiación de la dependencia ha aumentado porcentualmente en los presupuestos de su Ministerio. En este sentido, ha señalado que se “ha garantizado el mínimo a todos los dependientes”, por lo que no debería haber ninguna persona que recibiera prestación que se quede sin ella y ha pedido un esfuerzo a las autonomías para priorizar y racionalizar el gasto o evitar duplicidades. Así, las propuestas de estos grupos de trabajo se presentarán a lo largo de este mes de abril, las conclusiones en mayo y, finalmente, se debatirán en el Consejo Territorial el próximo mes de junio.

En otro orden de cosas, y como Redacción Médica anunció ayer, el Consejo Territorial de Dependencia ha aprobado mantener el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el año 2012 en las mismas cuantías que en 2011, y, por otro, mantener la cuantía máxima de las prestaciones económicas para aquellas personas que sean o hayan sido reconocidas en el grado III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2; grado II, Dependencia Severa, niveles 1 y 2; y grado I, Dependencia Moderada, nivel 2.
 

Ana Mato llega a la reunión acompañada del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno (izquierda) y el director general del Imserso, César Antón.

 

El consejero extremeño de Salud y Política Social, Francisco Javier Perianes (izquierda). A la derecha, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Nieves, departe con el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván.


De izquierda a derecha: el consejero de Salud y Servicios Sociales de La Rioja, José Ignacio Nieto; el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré.


De izquierda a derecha, el consejero de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Josep Lluís Cleries; la consejera andaluza en funciones de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro; el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, y la consejera murciana de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios.


En la foto de la izquierda y de izquierda a derecha, la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social de Baleares, Carmen Castro; el director general de Política Social y Atención a la Dependencia de Castilla y León, Jesús Fuertes, y la consejera de Asuntos Sociales de Castilla y León, Milagros Marcos. A la derecha, la consejera de Política Social de Navarra, Elena Torres.