El único voto contrario ha sido el de la Diputación Foral de Álava, gobernada por el PP



13 sept. 2012 19:07H
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Redacción. Vitoria. El Consejo de Sanidad del País Vasco ha mostrado este jueves su respaldo al decreto del Gobierno vasco a favor de mantener la asistencia sanitaria universal y contra la aplicación del copago farmacéutico "impuesto" por el Ministerio de Sanidad, que actualmente se encuentra suspendido de forma cautelar hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado contra él por el Gobierno central.

El Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco ha informado de que han expresado su apoyo al decreto los sindicatos de Enfermería (SATSE), UGT y CC.OO., los Colegios profesionales de Medicina, Enfermería y Farmacéuticos del País Vasco, la Organización de Consumidores y Usuarios de País Vasco, la Federación de Consumidores de País Vasco y un representante de Eudel (PSE).

Sin embargo, los representantes en Eudel del PNV y Bildu, y los de las Diputaciones Forales de Vizcaya y Guipúzcoa se han abstenido en la votación, mientras que el único voto negativo ha sido el de la Diputación alavesa (PP).

La última reunión del Consejo de Sanidad del País Vasco ha debatido un documento presentado por el viceconsejero de Sanidad y presidente del Consejo, Jesús Maria Fernández, en el que se pone de manifiesto "el respaldo a la decisión del Gobierno vasco de mantener el actual marco de aseguramiento y de aportación económica expresada mediante el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el ámbito de la Comunidad autónoma de Euskadi".

Según ha recordado, este decreto se encuentra actualmente suspendido de forma cautelar hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado contra él por el Ministerio de Sanidad.

El viceconsejero de Sanidad ha expuesto las razones por las que el Gobierno vasco impulsó el citado Decreto, "una medida para evitar aplicar en el País Vasco los recortes sanitarios promovidos por el Gobierno central, y de las consecuencias negativas económicas y sanitarias que tendría su aplicación en la comunidad, tanto por la desprotección sanitaria de colectivos de ciudadanos como por el incremento del copago farmacéutico".

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