Redacción Médica
21 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30

El Gobierno envía al Congreso la Ley de Cuidados Paliativos

Distingue entre situación terminal y de agonía y dedica un apartado a pacientes con discapacidad

Lunes, 13 de junio de 2011, a las 02:34
Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el proyecto de la Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Esta ley, originalmente conocida como de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, fue anunciada por el Gobierno en noviembre del año pasado y el pasado 13 de mayo su anteproyecto obtuvo el visto bueno del Consejo, tras el cual el texto se sometió a las alegaciones de expertos, sociedades científicas, OMC y Consejo General de Enfermería.

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en la rueda de prensa posterior.

El texto aprobado matiza las diferencias entre situación terminal y de agonía. En la primera de ellas, el paciente "presenta una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en el que pueden concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa especializada". Y por situación de agonía se entiende "la fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días".

La ley también establece que antes de proponer una intervención a un paciente en el proceso final de su vida, el médico responsable deberá asegurarse de que responde a la lex artis y que está clínicamente indicada basándose para ello en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, su experiencia y en el estado, gravedad y pronóstico del paciente.

El papel del médico y la segunda opinión

El redactado recoge que el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico "de modo proporcional a la situación del paciente y evitará la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del paciente". Como ya adelantó el ministerio de Sanidad en un redactado inicial, se requerirá "del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria" y se adoptará tras informar al paciente o a su representante "y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados".

Además de recoger un apartado específico para las personas en situación de discapacidad, el texto anuncia una disposición adicional que establece la simplificación de la prescripción y dispensación de estupefacientes que verá la luz en el plazo de un año una vez que la Ley entre en vigor.

Reparto de 17,9 millones a las CCAA para estrategias de salud, sida y prevención

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado 2 de junio aprobó tanto los criterios objetivos de distribución como la distribución resultante en cada una de estas áreas. En lo concerniente al reparto de fondos para estrategias de salud, se distribuirán cerca de 18 millones de euros, de los cuales casi 8 millones irán destinados a actuaciones en cuidados paliativos y proceso final de la vida. A esto hay que sumar otros 5 millones de euros para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de sistemas de información, interoperabilidad de la información clínica y equipamientos.

Y 283,1 millones para la Ley de Dependencia

El Gobierno también ha aprobado el reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación, en el ejercicio 2011, del nivel acordado previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, con una cuantía que asciende a 283.197.420 euros.,que proceden en un 80 por ciento  del Fondo General, un 10 por ciento del Fondo de Compensación y un 10 por ciento del fondo de cumplimiento de acuerdos.