Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Viernes a las 19:50

Company: “Las administraciones públicas en Baleares deben más de seis millones de euros a las entidades de la discapacidad”

La crisis “está golpeando mucho y están en tela de juicio la estabilidad y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad”.

Viernes, 10 de mayo de 2013, a las 17:01

Redacción.Palma de Mallorca
En una entrevista concedida al periódico cermi.es semanal, Rafael Company, el nuevo presidente del  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha asegurado que “las administraciones públicas en Baleares deben más de seis millones de euros a las entidades de la discapacidad”.

Company ha afirmado que las personas discapacitadas habían conseguido un “buen nivel de atención y de inclusión social, evidentemente siempre mejorable”, pero que la actual crisis económica que está afectando al país “está golpeando mucho y están en tela de juicio la estabilidad y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad”.

Entre otros problemas, el presidente del CERMI ha hecho referencia a los cambios de Gobierno de este año 2013, que según él han propiciado el atraso de “toda una serie de convocatorias que están lastrando la situación de una forma tremenda, lo que genera una situación “muy complicada” para las entidades de discapacidad.

Pero también ha tenido palabras positivas, en particular sobre la última remodelación del Gobierno Balear, comentando que se ha cumplido una “reivindicación de toda la vida del movimiento asociativo”, refiriéndose a la creación de la Consejería de Servicios Sociales, y ha mostrado además su confianza en la consejera designada, Sandra Fernández, de la que ha dicho “que conoce muy bien el sector”.

Entre las demandas del colectivo se encuentra la modificación de la contratación pública en la Ley de Servicios Sociales, ya que es “una amenaza gravísima que las contrataciones y las prestaciones de servicios por conciertos o subvenciones puedan acabar en manos de entidades ajenas al sector de la discapacidad”. Así, el CERMI pide una modificación de la Ley que ampare la contratación directa con las entidades que vienen prestando los servicios.

En síntesis, los tres puntos principales que demanda el CERMI según Company son la atención a las personas no atendidas y que no tienen servicios, la estructuración jurídica de la seguridad y la estabilidad para las entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad desde hace muchos años y, por último, que la Administración pague sus deudas para que las entidades puedan sobrevivir y seguir manteniendo esos apoyos.

También durante la entrevista fue preguntado por la accesibilidad para discapacitados en la comunidad, sobre lo que comentó que se está mejorando mucho en los últimos años, y en particular sobre la accesibilidad del transporte interurbano comentó que la mayoría de problemas se están solventado a través del acondicionamiento del tren, pero que todavía se encontraban problemas en aquello lugares donde solo llega el autobús.

Por último, Company ha declarado, refiriéndose a los futuros retos de la entidad, que aboga por “la coordinación entre las diferentes redes o federaciones que formamos parte del CERMI y el mayor conocimiento entre las diferentes entidades del CERMI”, refiriéndose al resto de grupos autonómicos. En definitiva, afirma, “hacernos todos más eficientes en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos”.