CESM pide a la Administración que retome cuanto antes la negociación sobre las condiciones laborales de los empleados públicos

Francisco Miralles, presidente de CESM-Murcia.

Redacción. Murcia
El abandono del Gobierno autonómico por parte del consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, ha obligado a la comunidad autónoma a desconvocar la Mesa General de Función Pública, en la que los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y CESM tenían previsto negociar las condiciones laborales de los empleados públicos. Desde el Sindicato Médico de Murcia (CESM-Murcia) solicitan que la Administración retome cuanto antes la negociación.

Su presidente, Francisco Miralles, ha señalado que “hay prisa, ya que todos los trabajadores ya que todos los trabajadores de la Comunidad Autónoma esperamos con ansia la Mesa y esto puede suponer un retraso”. Por ello, espera que el Gobierno “tome las medidas lo más rápidamente posible y retomemos la negociación”.

CESM opina que “ya han habido suficientes recortes salariales”, y el último “lo ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la subida del IRPF”. Por tanto, dice esperar que “en ningún caso se plantee ninguna medida que suponga la reducción del sueldo de ningún trabajador”.

También ha considerado “improcedente” la prórroga de la Ley de Medidas Extraordinarias, ya que en su opinión “tenía que haberse acabado el 31 de diciembre”. A partir de ahí, CESM espera que “fuera cierto que la Ley tenía vigencia hasta el pasado 31 de diciembre" y que las medidas tengan "efecto retroactivo a 1 de enero”.

Asimismo, ha considerado “absurdo” plantear la jubilación de médicos a los 65 años “cuando faltan médicos y no los hay en el paro para contratar”. Por eso, ha considerado que en su profesión, la prórroga es “obligatoria” hasta los 70 “porque no hay quien no sustituya”.

En lo que respecta a la jornada, se ha mostrado abierto a hablar “porque estamos en una situación de crisis donde probablemente, la productividad de todos debe tenerse en cuenta”. No obstante, ha indicado que CESM no admitiría la vuelta a las 37 horas de jornada si supone “despidos o disminución de salarios”.