El responsable de Salud pone como ejemplo que la implementación de la Ley del Aborto ha costado 14 millones a la Generalitat



11 feb. 2011 10:14H
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Redacción. Barcelona
La Generalitat de Cataluña se ha negado este jueves a asumir una nueva prestación sanitaria impuesta por el Gobierno si ésta no viene acompañada de una contraprestación económica, como ha sucedido con la reciente entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, según ha manifestado el consejero de Salud, Boi Ruiz.

El consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz.

En un receso de la Comisión de Salud celebrada en el Parlamento catalán, Ruiz ha sido contundente a la hora de rechazar nuevos servicios del Ejecutivo, al considerar que “la obligación de quien invita es pagar”. Con todo, ha garantizado que la Consejería de Salud seguirá con el despliegue de la Ley del aborto, que entró en vigor en julio del año pasado, pero ha reivindicado los recursos derivados de su implementación, que ha concretado que ascendieron a casi 14 millones de euros en 2010.

Boi Ruiz ha considerado "inadmisible" que las prestaciones del Ejecutivo central lleguen sin "la ayuda complementaria exigible", y ha sentenciado que esto no volverá a suceder en adelante, porque ello resta capacidad de acción de los servicios básicos ya existentes.

De todas formas, el departamento analizará todas las prestaciones que se han ido introduciendo en la comunidad sin la pertinente colaboración del Ministerio de Sanidad, como la atención al pie diabético y la salud bucodental, ha señalado el consejero, que ha presentado en el Parlamento las líneas generales de acción para afrontar el déficit catalán de 850 millones de euros en el ámbito sanitario.


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