PRC y PSOE defienden que el dinero del impuesto de sucesiones debería ir a dependencia

Redacción. Santander
El PRC y el PSOE han reprochado al Gobierno de Ignacio Diego que suprima el impuesto de sucesiones, que a día de hoy sólo pagan las grandes herencias, mientras a nivel nacional el PP aprueba una subida del IRPF que "castiga" a las clases medias y bajas y el Ejecutivo regional no descarta hacer lo mismo con el tramo autonómico de esta figura que grava las rentas del trabajo frente a las del capital.

Ignacio de Diego.

Este ha sido el principal reproche de la oposición durante el debate de la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, que el PP, en virtud de su mayoría absoluta, ha sacado adelante este martes, asegurando de nuevo que la práctica supresión del impuesto será un "estímulo económico" que contribuirá a la generación de empleo y riqueza.

PRC y PSOE consideran "injusta" la reforma, máxime en un contexto económico como el actual, en el que la Administración "no se puede permitir perder recursos" y se precisa "la solidaridad de los que más tienen". Así, han defendido que el millón y medio de euros que, estimativamente, dejará de ingresar la Administración regional, deberían destinarse a políticas sociales.

En este sentido, han criticado que "se meta más dinero en el bolsillo a los que reciben grandes herencias", al mismo tiempo que se sube el IRPF en todos los tramos, se congela el salario mínimo interprofesional o el sueldo de los funcionarios, las pensiones pierden poder adquisitivo, aumenta el paro y se paraliza la incorporación de nuevas personas a la Ley de Dependencia.

El portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, ha recordado que esta reforma es un compromiso electoral de su partido, que supone volver a la situación de 2002, cuando el Gobierno PP-PRC aprobó la práctica supresión del impuesto de sucesiones, un modelo seguido por otras comunidades autónomas y que estuvo vigente hasta 2009, cuando el Gobierno PRC-PSOE "cambió de idea legítimamente y decidió recuperar el impuesto".

Albalá defendió que en un momento económico "delicado y preocupante" como el actual, los "incentivos fiscales" tienen "mayor impacto y más rápido que un mero sistema recaudatorio mucho más intervencionista por parte de las Administraciones".

En su opinión, esta reforma "pone en práctica el axioma de que un sistema fiscal se puede convertir en un instrumento eficaz de la política económica, bien por vía del consumo o el fomento empresarial". En definitiva, dijo Albalá, "política económica al servicio de la generación de riqueza y creación de empleo".