Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:30

Buruaga asegura que “no existe ninguna vinculación” entre el Gobierno del PP y el contrato de ambulancias

La adjudicataria obtuvo una mayor valoración conjunta de las condiciones técnicas y económicas ofertadas, ha defendido

Lunes, 23 de abril de 2012, a las 23:17

María José Sáenz de Buruaga, consejera de Sanidad y Servicios Sociales.

Redacción. Santander
La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Saenz de Buruaga, ha asegurado este lunes en el Pleno del Parlamento que “no existe ninguna vinculación” entre el Gobierno del PP y el contrato del servicio de ambulancias, adjudicado a una empresa de fuera de Cantabria -Ambuibérica- dirigida por el exalcalde popular de Mallorga (Valladolid), Carlos Magdaleno, y ha denunciado la “mala fé” del PRC, al que ha advertido que “los tiempos en los que los contratos se amañaban sobre mesa y mantel, que es lo que han hecho ustedes toda la vida, han pasado a la historia en Cantabria”.

“Se cree el ladrón que todos son de su condición”, ha señalado durante la respuesta a la interpelación de la diputada del PRC Concepción Solanas, sobre esta adjudicación. La consejera ha explicado que la adjudicataria obtuvo una mayor valoración conjunta de las condiciones técnicas y económicas ofertadas, según el órgano de contratación, que “no es el Gobierno” –ha puntualizado- sino la Gerencia de Atención Primaria, y ha recordado que el concurso está sujeto a la Ley de Contratos y a un pliego de condiciones que no ha sido recurrido por ninguna de las dos empresas licitadoras.

Buruaga ha denunciado que el PRC “quiere intrigar con evidente mala fé” y ha señalado que la empresa adjudicataria está dirigida “por un exalcalde del PP no, por un profesional del transporte sanitario” que también presta este servicio en Navarra, Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón. Además, defendió que este contrato que el PRC se “empeña en desprestigiar” supone un ahorro de 1,4 millones de euros, introduce mejoras, amplía las prestaciones a los usuarios, y no conllevará pérdida de empleo, dado que la adjudicataria tendrá que subrogar a todos los trabajadores con más de seis meses de antigüedad. “El Gobierno estará vigilante para que así sea”, ha apuntado.