Redacción Médica
23 de septiembre de 2018 | Actualizado: Domingo a las 16:00

Bruselas cobrará en agosto el primer ‘tasazo’ por la farmacovigilancia

Las fechas han sido aprobadas esta Semana Santa por el Parlamento Europeo y se cargarán a los laboratorios entre agosto y septiembre en un primer plazo. La primera cuota anual completa se cobrará el 1 de julio de 2015

Jueves, 17 de abril de 2014, a las 11:34
Redacción. Madrid
Justo antes de comenzar la Semana Santa, el Parlamento Europeo ha dado el último visto bueno al aumento del 1,5 por ciento en las tasas para financiar el sistema de farmacovigilancia de los 28 Estados miembro de la Unión Europea (UE). La cifra final de recaudación, no especificada por Bruselas, irá a parar a las arcas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y se cobrará en dos partes. El primer 'tasazo' a las farmacéuticas se cobrará entre agosto y septiembre, según ha anunciado la Comisión Europea tras aprobarse la medida.

Guido Rasi dirige la EMA.

La nueva legislación entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y será aplicable 40 días después. Este calendario deja para agosto-septiembre el primer cobro destinado al pago de honorarios a la EMA y las agencias nacionales del medicamento por la realización de sus evaluaciones e informes de farmacovigilancia durante el último año.

Además, la UE sumará el 1 de julio de 2015 un segundo pago, el de la cuota anual de farmacovigilancia, que será a cargada en esta fecha a todos los laboratorios farmacéuticos con actividad en cualquiera de los Estados miembro con el objetivo de financiar las diferentes actividades relacionadas con la seguridad del medicamento que realiza la EMA. La subida de tasas viene a raíz del incremento de la tasa de inflación de la UE durante 2013, según explican desde el Ejecutivo Europeo.

Sin embargo, este anuncio, no por esperado deja de ser polémico. Recientemente, las patronales europeas del medicamento emitieron un comunicado conjunto en el que se quejaban de la falta de transparencia que se estaba registrando en los costes, cada vez mayores, que está suponiendo la puesta en marcha de la nueva legislación de farmacovigilancia.

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