Sonia López Arribas: “Quieren cambiar los estatutos por intereses comerciales”

Cristina Mouriño / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La modificación del artículo 4 de los Estatutos del Colegio de Médicos de Madrid fue el ‘chispazo’ que hizo saltar el conflicto entre la presidenta y el resto de miembros de la Junta Directiva. Este cambio, promovido por algunos miembros de la Junta Directiva, establecía la obligación de que todos los contratos del Colegio de Médicos fueran aprobados por 2/3 de los compromisarios. En una entrevista concedida a Redacción Médica, la presidenta colegial Sonia López Arribas ha analizado los entresijos de este enfrentamiento y ha destacado que “está claro que la modificación estatutaria implicaba intereses comerciales”.

“Con el cambio del artículo 4 se buscaba que el colegio no pudiera hacer nada, dejaba a la Junta Directiva con las manos atadas”, ha señalado. Otro de los frentes abiertos ha sido la suspensión de las elecciones a compromisarios, un proceso que, según asegura, ya ha retomado la Junta Directiva. “En un mes llegarán las papeletas para que puedan votar, y para abril estarán ya los nuevos compromisarios”, ha subrayado. Sobre el expediente informativo que la OMC encargó a la presidenta del Colegio de Médicos de Lérida para esclarecer este enfrentamiento López Arribas afirma que aún no han tenido conocimiento del mismo pero asegura “estar muy tranquila porque sé que Rosa María Pérez es una estupenda profesional y hará el mejor trabajo”.

La presidenta del Icomem durante la entrevista con Redacción Médica.

La reforma de los estatutos fue una de las primeras propuestas que hicieron al llegar al colegio, ¿en qué punto se encuentra? ¿se ha trasladado a la Consejería de Presidencia con su firma y la de los interventores titulares?

Sobre este tema, como todo proceso de cambio, tiene que tener unos requisitos imprescindibles como es el acta de la Asamblea de Compromisarios en la que se aprueba la reforma por mayoría simple. Una vez que se ha presentado el acta, los tres interventores titulares aprueban dicho acta. Una vez aprobada, se eleva a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, a un departamento jurídico especializado para dar el visto bueno y con el visto bueno ya se registra en los estatutos de los colegios profesionales.

En este proceso, tanto la elevación del acta como la firma de los interventores no se ha llegado a producir, ya que, en un momento dado, a mí se me pasa el acta de la Asamblea de Compromisarios, hago unas modificaciones y éstas se corrigen en parte. Una de las que no se corrige es incluir mi discurso sobre las alegaciones que hago a la modificación estatutaria, y los interventores no dan por válida ese acta.

A partir de esto, se celebra un Pleno en el Colegio de Médicos, al que yo no puedo asistir, porque soy vocal de Atención Primaria y Ejercicio Libre tras dimitir mis dos compañeros de candidatura y estoy en un congreso de la Organización Médica Colegial (OMC), a diez minutos del colegio. En este Pleno, una de las cosas que sale adelante es la elevación de la modificación de estatutos firmada por la vicepresidenta. Esta elevación de estatutos sin el certificado de la Asamblea de Compromisarios y sin la firma de los tres interventores titulares llega a Presidencia. La consejería pide que se subsane esa irregularidad porque no entiende que no esté firmado por la presidenta ni por los tres interventores titulares. A partir de aquí, se da un nuevo plazo de 15 días para subsanarlo. Desconozco por qué no se me notificó esta contestación de la Consejería de Presidencia. Tampoco sabía que había sido elevada la modificación estatutaria de forma irregular.

López Arribas confirma que hay intereses comerciales en la reforma estatutaria.

El caso es que me entero por una llamada del letrado de la consejería diciéndome que hay una serie de irregularidades y no podemos dar por válida esta modificación, a dos días de terminar el plazo. Era la primera noticia que tenía sobre esa irregularidad, se elevó sin mi conocimiento. Presidencia nos da tres días más de plazo, que se acaban, y el letrado del Colegio de Médicos, sin mi conocimiento pero sí del resto de la Junta Directiva, pide una ampliación de plazo con esa subsanación. Me dicen que han ampliado el plazo y que firme el certificado sin los interventores, pero me niego de nuevo porque no cumple los requisitos. Le pido entonces que incluya el discurso, corrija el acta y una vez que esté así, cumplan los tres interventores que son los garantes de que el acta es la reproducción fiel de lo que ha pasado en la Asamblea de Compromisarios. Esto no se produce y nos llega una carta hace una semana diciéndonos que no se acepta la ampliación de plazo y que empezamos de nuevo con todo este proceso. Por lo que en este momento está parado.

Según apuntan los colegiados, detrás de esta reforma habría intereses particulares de alguna empresa cercana al colegio, ¿qué opina al respecto?

Está claro que la modificación estatutaria implicaba intereses comerciales. Esto no se le escapa a nadie que conozca la modificación que quería hacerse sobre el artículo 4. No obstante, no me quiero pronunciar en este sentido, porque no vengo a hablar a favor o en contra de ninguna empresa. Pero está claro que había ciertas trampas. Con esto me refiero a que hay dos informes de dos juristas independientes, uno de ellos es Ramón Hermosilla, de reconocido prestigio. En su informe dice que la modificación de este artículo es nula de pleno derecho. Otra letrada, también de reconocido prestigio, María José Martín, y cuyos servicios encarga la Junta Directiva cuando tenemos informes contradictorios sobre esto, confirma que ese cambio es nulo de pleno derecho. Evidentemente, quien nos ha propuesto esta modificación estatutaria tenía unos intereses ajenos para la mayoría de los colegiados.

La presidenta del Icomem asegura que el proceso de elecciones a compromisarios se ha retomado.

¿En qué consistía esta modificación?

La reforma consistía en ir contra la Ley de Colegios Profesionales. ¿Para qué está un colegio profesional? Para conseguir ventajas de un colectivo frente a una persona sola, es un tema gremial. Si representas a un número grande de profesionales que se dedican a lo mismo, tu capacidad de representación y los precios y lo competitivo que puedes conseguir el producto es mucho mayor. Esta es una de las funciones de los colegios profesionales; defender la profesión, proteger al ciudadano garantizando una buena praxis profesional, etc. Pero otra de las funciones del colegio es defender al colegiado. Con esta modificación del artículo 4 lo que se buscaba era que el colegio no pudiera hacer nada. Ni contratar, ni hablar. Que todo tuviera que ser decidido por una Asamblea de Compromisarios, con un número desorbitado. Tenemos más de 660 compromisarios y tenía que haber 2/3 de los compromisarios, es decir, más de 400 compromisarios presentes, para sacar adelante cualquier contrato. Exigen que se apruebe por más de 400 personas cuando lo máximo que ha venido a una Asamblea de Compromisarios son 200. Nos deja, a la Junta Directiva, con las manos atadas. No podemos decidir nada. Eso es por lo que es nulo de pleno derecho.

Otro de los frentes abiertos en este conflicto ha sido la suspensión de las elecciones a compromisarios que se comprometieron a retomar en diciembre, pero finalmente no han sido convocadas. ¿Tienen previsto retomar este proceso? Se habla de la posibilidad de que se aprueben en la próxima Asamblea General en marzo o abril.

El proceso de renovación de compromisarios tendría que haberse iniciado en junio de 2012, porque entonces los compromisarios que había en el colegio estaban en funciones. Este proceso es bastante complejo. Primero hay que censar a todos los colegiados, cada compromisario representa a cien colegiados. Posteriormente, se divide la colegiación en grupos de cien personas y mandar esas papeletas a las cien personas para que elijan, y recibir el sobre de vuelta.

Una vez se devuelve el sobre, se hace el contaje. Hay tres formas de elegir compromisarios: una es por elección directa, es decir, la Junta Directiva que gobierna elige un 60 por ciento de los compromisarios. Los otros compromisarios se eligen entre la Mesa de Hospitales y la de Atención Primaria. Además, las dos candidaturas con más compromisarios también pueden elegir un porcentaje. Es decir, mi candidatura elegiría 76 compromisarios directos, y Miguel Ángel Sánchez Chillón tendría 73.

El proceso es muy complicado y por eso hay que tener unas garantías de que se haga bien, con la suficiente seguridad. Hubo un problema administrativo en el ensamblaje. Había más sobres que papeletas. Una empresa ensobraba y otra creaba las papeletas. Entre las dos hay un litigio, de hecho, las hemos llevado a juicio porque tiene que haber una responsabilidad. A la hora de ensamblar todas estas papeletas el colegio detectó este problema y se denunció la irregularidad. Se suspende el proceso y la Junta Directiva decide reiniciarlo, porque podían impugnarlo en cualquier momento. El reiniciarlo supone recuperar las papeletas en las que ya se han producido los votos, cambiar la forma de votar para asegurar que esto no se vuelva a producir y depurar las responsabilidades de estas empresas. Al colegio le ha costado más de 17.000 euros parar la elección de compromisarios. La hemos reiniciado, en navidades se paró absolutamente todo, y ahora ya están en imprenta. Más o menos en un mes llegarán a las casas para que puedan votar y luego 15 días para el contaje. Por lo tanto, calculo que para abril estarán ya los nuevos compromisarios.

En la última Asamblea de Compromisarios, una mayoría solicitó la dimisión de la Junta Directiva, ¿por qué no se ha producido? ¿se ha planteado en algún momento dimitir, o adelantar las elecciones? También se rumorea sobre la posibilidad de que se presente una moción de censura, ¿qué opina?

Así es. La última Asamblea de Compromisarios fue sobre los presupuestos de 2014. Como había unos presupuestos que se habían hecho, a mi entender, de una forma inflada, muy superiores al gasto que habíamos hecho en 2013, presenté una moción alternativa para poder bajar las cuotas colegiales, porque la Junta Directiva, no sé muy bien por qué, había decidido no bajarlas. En el tercer trimestre del 2013 teníamos un millón de euros de ahorro y entendía que ese ahorro a parte de para la restauración del edificio, pero había una parte que también podía revertir en el colegiado. Lo que yo puse en valor en esta asamblea es que no se había hecho una estimación presupuestaria en 2014 sobre el gasto real de 2013. La situación económica del colegio, por tanto, es fantástica. Esto se debe a una estupenda gestión que ha consistido, básicamente, en dos cosas: recortar el ahorro, sin disminuir las prestaciones; y recuperar ingresos. Somos el mayor colegio de España. En diciembre de 2013 estábamos en 39.669 colegiados, muy por encima de Barcelona.

Hemos recuperado cuotas de morosos con un nuevo procedimiento aprobado por la Junta Directiva. Con esto nos encontramos que, tras un año de legislatura, tenemos un millón de euros de ahorro, ¿qué pasa con ese millón de euros?. Yo hago una moción alternativa diciendo que iba a presentar los gastos reales de 2013 que no entiendo por qué no se han presentado. En esta moción propongo que, si un tercio de los presentes me apoya, reducimos un 10 por ciento las cuotas colegiales. Esto pasa a las tres de la tarde, cuando la asamblea había empezado a las 12. Entiendo el desconcierto de los compromisarios cuando una parte de la Junta Directiva presenta unos presupuestos y la presidenta se desmarca con esta moción. Estuvo a punto de salir la moción pero entiendo que entre el desconcierto que produjo la postura diferente que teníamos y que ya eran casi las cuatro de la tarde, pues ni unos ni otros.

Lopez Arribas recurriría de nuevo a la figura del Asesor de Presidencia.

Otra de las figuras que fue duramente criticada fue la del asesor de la Presidencia, que ostentaron en su momento Antonio Mora y Carlos Amaya, ¿se ha planteado recuperarla?

Me gustaría hablar por separado de ellos. Sobre el doctor Carlos Amaya tengo que decir que no fue directamente propuesto por mí pero he de reconocer que hizo una estupenda gestión. De hecho, en la asamblea de marzo le dedico unas palabras para agradecerle su profesionalidad, su conocimiento de la sanidad y su estupendo trabajo al servicio del colegiado. El motivo por el que Carlos Amaya sale del colegio es el motivo por el que sale el doctor Mora y por el que despiden al dircom, y es que una parte de la Junta Directiva no defiende los intereses de los colegiados. También quiero reconocer la gran ayuda que ha supuesto para la Junta Directiva el conocimiento de la sanidad y el manejo y profesionalidad del momento del doctor Carlos Amaya. Hay que destacar cómo manejó el gabinete de crisis y como nos ayudó en un momento tan importante para la sanidad.

Sobre el señor Mora es el responsable del ahorro de un millón de euros y te voy a decir por qué. Primero porque se ocupaba de la cuenta de explotación del colegio, que es el cálculo total de los gastos anuales. Fue él quién restringió el gasto y economizó los servicios. Por otro lado hizo una supervisión de los servicios que es una cosa francamente necesaria en un colegio de médicos porque hay muchos de ellos entre los que no hay coordinación. La comunicación entre la Junta Directiva y los diferentes servicios era a través del director general. Este si que fue directamente presentado por mí porque conocía su alta profesionalidad y su impoluta legalidad. Sí recurriría de nuevo a esta figura.

Asimismo, los compromisarios han criticado que se mantenga la figura del Defensor del Médico y que se plantee integrarla en los estatutos cuando la asamblea votó en contra de esta iniciativa, ¿cree que es necesaria?

En esto, y es una percepción más personal, cuando a alguien no se le ocurre algo, lo critica. Fue una figura que contemplamos como mediador, sin tribunales ni abogados de por medio, entre el médico y cualquier conflicto a nivel institucional o de hospitales. Es como el antiguo Juez de Paz. Recayó en la figura de Pedro Ruiz que es un neurocirujano de prestigio con una talla personal destacable. Es un cargo totalmente altruista, sin ningún beneficio en ello, al que está  dedicando su tiempo, su esfuerzo, y su calidad humana para mediar en conflictos. Pensamos que para darle oficialidad era mejor incluirlo en la modificación estatuaria. La asamblea no lo ha aprobado y no hay ningún problema.

Sonia López Arribas responde a las preguntas de Cristina Mouriño, coordinadora de Comunidades Autónomas de Redacción Médica.

Durante la campaña electoral previa a las elecciones de mayo de 2012, el propietario de una empresa manifestó abiertamente el apoyo a su candidatura, ¿se mantiene esta relación?

Si hablamos desde el punto de vista de intereses comerciales que pueda tener el colegio con determinadas empresas entiendo que esta empresa, que supongo que se referirá a Uniteco, es un proveedor del colegio y como tal tiene las relaciones profesionales que tiene con el colegio. Sobre mis relaciones personales con Uniteco, a día de hoy, no tengo ninguna. Creo que mi papel institucional no es hablar de empresas.

La presidenta de los médicos madrileños explica el origen del conflicto en la Junta Directiva.

Mencionaba antes el cese del dircom del colegio, pero también un año después de ganar las elecciones dos de los vocales (AP y Hospitales) anunciaban su dimisión. ¿Cree que las diferencias en la Junta Directiva existieron desde el comienzo? ¿Por qué surge el conflicto entre la presidenta y el resto de miembros de la Junta?

Sobre esas cuatro personas que dimitieron, he de decir que fueron una gran pérdida y que ojalá siguieran con nosotros. Solo puedo hablar de la alta calidad humana de los cuatro. Respeto que hayan dimitido por motivos personales y además lo alabo, porque cada uno tiene una responsabilidad tanto institucional como personal. Estas dimisiones se producen en diferentes momentos, pero he de contar cronológicamente cuando se inicia este problema. En enero de 2013 empezamos a valorar la propuesta de modificación estatutaria, pero cuando comenzamos a investigar sobre la propuesta descubrimos esto que le acabo de comentar, que dos informes jurídicos la declaran nula de pleno derecho. A partir de entonces, la Junta Directiva empieza a cuestionarse la legalidad o no de la propuesta y empezamos a pedir otros informes.

Como vamos descubriendo que esta modificación estatutaria no es tan interesante para la inmensa mayoría de los colegiados y sí para unos intereses comerciales determinados, es entonces cuando se produce la división en la Junta Directiva; entre las personas que defienden claramente intereses comerciales ajenos a los colegiados y los que defendemos los intereses de los colegiados. Llega a ser tal la presión mediática que se escriben 80 artículos difamatorios en un periodo récord de dos meses. Esta presión no todo el mundo la aguanta igual. Entiendo que mi responsabilidad institucional es aguantar esto y muchas cosas más, dentro de un orden, pero entiendo que ellos no tengan por qué aguantar esto. Se ha llegado a decir que iban a ser diputados, que se habían quedado con dinero, etc., con el impacto personal y profesional que esto supone.

La OMC nombró a la presidenta del Colegio de Médicos de Lérida instructora del caso, ¿conoce ya el expediente informativo?

No tenemos ninguna información. Lo que sí le puedo decir es que en la asamblea de presidentes en Granada se nombró oficialmente a la presidenta de Lérida instructora del caso y secretario al presidente de Burgos. Esto es simplemente la apertura de expediente para analizar la situación del Colegio de Médicos. Sí que quiero aclarar que me vi en la obligación de denunciar a parte de la Junta Directiva por las irregularidades que se estaban produciendo y que chocan con los estatutos. Hay denuncias en la Comisión Deontológica por lo que yo entiendo que supone una falta de respeto entre profesionales. Esto es lo que está valorando la instructora y aún no sabemos nada. Creo que en la asamblea de febrero o marzo ya se decidirá. Estoy muy tranquila porque sé que Rosa María Pérez es una estupenda profesional y hará el mejor trabajo.

Para finalizar, esta semana hemos conocido el relevo de Fernández-Lasquetty al frente de la Consejería de Sanidad. ¿Qué valoración hace del nuevo consejero? ¿Qué demandas le traslada?

Sobre el consejero saliente, Javier Fernández-Lasquetty, he de decir que durante el año tremendo, convulso y con mucha manipulación política que hemos compartido, hemos tenido una relación estrecha y directa. Le he manifestado desde el principio mi lealtad y mi deber disciplinario de ser el representante institucional de 40.000 médicos. Le he pedido siempre que el colegio sea el portavoz de esos 40.000 médicos, porque entendemos que sindicatos y sociedades defienden otros intereses, y lo tuvo siempre en cuenta.

Javier Rodríguez es colega y colegiado y con él la comunicación siempre ha sido directa y muy cercana. Desde el principio ha habido un entendimiento franco. De hecho, visita el colegio el próximo miércoles. Solo le pediría que entienda que el Colegio de Médicos y la figura de la Junta Directiva, y particularmente la presidenta, queremos ser fuente de entendimiento entre la Administración y los colegiados.

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