Redacción Médica
19 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 19:05
Viernes, 30 de mayo de 2014, a las 18:23
Redacción. Oviedo
La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha archivado las Diligencias de Investigación abiertas tras la denuncia presentada en el mes de noviembre de 2013 por el sindicato Manos Limpias, en la que aseguraba que la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias no convocaba concurso público para realizar la compra de los equipamientos de esterilización médico quirúrgicos, sino que los adquiría, según su criterio, vulnerando el ordenamiento jurídico.

Tácito Suárez.

Según el sindicato, una empresa realizaba donaciones de maquinaria al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), supuestamente a cambio de los contratos de suministro de los consumibles de cada máquina.

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía no se aprecian indicios de delito, sin perjuicio de las irregularidades administrativas en la contratación que, en su caso, pudieran observarse. Tras el archivo decretado por la Fiscalía, el denunciante podría interponer una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente, si lo considerara oportuno, según ha informado Fiscalía a través de una nota de prensa.

Del análisis de la documentación remitida por el Principado, se extrae que la propia Consejería de Sanidad reconoce que no existe ningún procedimiento abierto vigente para la esterilización médico-quirúrgica en el Sespa.
Además, afirma que la práctica totalidad de los suministros de equipamientos y consumibles efectuados en los años 2011, 2012 y 2013 se efectuó a través de la figura del contrato menor pero certifica que no existe una única empresa suministradora, sino que en la contratación pública participaron un total de 29 empresas que facturaron por esos conceptos.

Según expuso el director gerente del Servicio de Salud, teniendo en cuenta el régimen de atribución de competencias del organismo, no es preceptivo que la adquisición de los distintos servicios y suministros vinculados a la asistencia sanitaria se realice conjuntamente, mediante procedimientos de concurso único, pues cada gerencia de área ostenta competencias propias y delegadas para contratar.

Así pues, continuó, si bien se habían realizado intentos de homogeneización de las contrataciones, en cada área sanitaria se han venido definiendo las necesidades de forma independiente, en unos casos a nivel de hospital, y en otros planteadas y satisfechas a petición de servicios aislados o agrupados.

Por ello, aseguró, poner de acuerdo a todos los responsables de una especialidad sanitaria en todas las áreas sobre cuáles son las mejores soluciones asistenciales y de aprovisionamiento resulta difícil, no sólo en el Sespa, sino en todos los servicios de salud.

Argumentó igualmente que, en los últimos ejercicios, los escenarios de prórrogas presupuestarias y las medidas de contención de gasto público habían acentuado los problemas de gestión, obligando a realizar compras independientes para cubrir las necesidades inmediatas, en función del crédito disponible en cada momento.

A juicio de la Fiscalía, sin embargo, estos suministros requerían la figura de un procedimiento de contratación ordinario o abierto, en lugar de optarse de manera generalizada por la contratación menor.

Los suministros o consumibles médico-quirúrgicos son bienes de la misma o similar naturaleza, de uso y consumo previsto o previsible en el tiempo y de gasto similar, pues en cómputo anual se ha venido superando -a nivel autonómico y de gerencias de área- la cantidad prevista en la ley como frontera (18.000 euros) para elegir una u otra modalidad contractual y ello con independencia de que fraccionadamente cada contrato lo hubiese sido por una cantidad inferior.

No obstante, Fiscalía señala que también es cierto que en 2012 se creó la Comisión Central de Compras con el objeto de centralizar la contratación de distintos suministros y servicios, entre ellos, los consumibles de esterilización médico-quirúrgicos. Actualmente, la Comisión trabaja en la elaboración de los pliegos técnicos que habrán de regir las bases de la licitación pública en el ámbito de la sanidad pública asturiana, de modo que, en el futuro, las compras se realizarán en este marco.

De la investigación realizada, la Fiscalía considera que la conducta de la Consejería no es constitutiva de un delito de prevaricación.

Donación

En relación al suministro de maquinaria a la que alude la denuncia del sindicato, se trató, según la documentación aportada, de una donación que la presidenta y fundadora de la empresa, junto con otra persona y con motivo de su jubilación, querían realizar al Hospital San Agustín, en Avilés, y por extensión a todos los usuarios de la sanidad pública asturiana.

Ésta fue ofrecida el 12 de noviembre de 2013 y consistía en la instalación y dotación de una central de esterilización con la última tecnología, en concreto, varios elementos por un importe global de 572.739,59 euros: obra civil necesaria para la reforma integral de la central de esterilización e instalaciones necesarias para su funcionamiento (por importe de 168.000 euros) y el equipamiento requerido para su puesta en marcha (404.739,58 euros).

La donación se concretó en una propuesta escrita por parte de la empresa al Hospital, luego remitida a Gerencia y elevada al Consejo de Gobierno, que actualmente se encuentra en proceso de tramitación, al objeto de cumplir las prescripciones de la Ley de Patrimonio del Principado de Asturias 1/1991. Es decir, la donación no se materializará hasta que sea aceptada por el Consejo de Gobierno mediante decreto, previa la tramitación del correspondiente expediente. La Fiscalía no observa tampoco indicios suficientes de cohecho en estos hechos.