Aprobado el Decreto que establece los precios públicos para algunos servicios de la Ley de Dependencia

Redacción. Oviedo
El consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Decreto que establece los precios públicos para determinados servicios sociales especializados destinados a personas beneficiarias de prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, los precios de los servicios se establecen en función del grado y nivel de dependencia de la persona usuaria del servicio.

Indicó además que el decreto, que entrará en vigor el próximo uno de enero de 2011, regula y unifica la participación económica de las personas usuarias en el coste de todos los servicios tanto los de carácter residencial y de centro de día para personas mayores como los destinados a personas con discapacidad, que hasta la fecha carecían de regulación.

En el caso de las plazas residenciales para mayores el decreto recoge un precio que oscila entre los 1.241,38 euros para las personas no dependientes y los 1.400 euros mensuales para las personas con el mayor grado de dependencia. En el caso de los centros de día se establece un precio de entre 700 y 900 euros para un servicio mensual.

Migoya manifestó además que el decreto recoge el principio de progresividad en la aportación de los usuarios, en función de diferentes tramos de capacidad económica, con un límite máximo del 90% del precio público en el caso de los servicios residenciales y del 65% en el resto de servicios.

Con esta nueva regulación se pretende incentivar la utilización de servicios profesionalizados, como los centros de día, entre las personas con menores niveles de renta, al adecuar el pago a la capacidad económica de la persona usuaria.
En el ámbito de la discapacidad los porcentajes de copago establecidos en el Decreto permiten unificar la aportación que realizan los usuarios de todos los centros de la red pública, independientemente de su ubicación o naturaleza.

En este caso el precio público para una plaza en un centro de alojamiento para personas con discapacidad oscila entre 1.307,92 euros y 1.927 euros para un grado III de dependencia. En el caso de los centros de apoyo a la integración el precio público fijado oscila entre los 500 y los 800 euros por un mes completo.

Con la aprobación de este Decreto Asturias se convierte en la sexta comunidad autónoma española que regula los precios públicos de los servicios de atención social en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, junto a Cataluña, Islas Baleares, Castilla y León, Murcia y Cantabria.

Otros acuerdos

Por otra parte, el consejo ha aprobado también un gasto de 353.061 euros con destino a subvencionar cuatro proyectos en materia de Cooperación al Desarrollo. Así mismo se dio el visto bueno a la adjudicación de 30 viviendas vacantes de protección oficial en Langreo.