Las Cortes aprueban por unanimidad la Ley de Servicios Sociales

Redacción. Toledo
PSOE y PP aprobaron ayer por unanimidad la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que convierte la protección social en derecho universal de la ciudadanía. Una Ley que, según el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, tiene "la marca, el sentimiento y el conocimiento" de profesionales, asociaciones y colectivos que "están dando su vida" por hacer que los servicios sociales en la región tengan "la potencia que hoy tienen".

Lamata, en las Cortes regionales.

Por su parte, la diputada regional del PSOE Matilde Valentín, encargada de defender el dictamen, destacó la importancia de esta Ley, "moderna, garantista, avanzada y de última generación". Es más, ha subrayado, hasta la fecha los servicios sociales se habían limitado a describir prestaciones, pero sin constituir derechos subjetivos en su bloque central.

Según ha recalcado, la presente ley incorpora un catálogo de prestaciones, establece deberes y derechos para las personas usuarias y para los profesionales. En la norma aparece asimismo el concepto de participación, se potencia el uso de las nuevas tecnologías, y se regula una historia social única, entre otras cuestiones.

Si bien han votado a favor, desde el Grupo Popular se ha criticado la actitud del Gobierno con respecto a esta legislación y la propia norma en sí, que consideran "manifiestamente mejorable", según afirmó la parlamentaria popular María Crespo. Además, recordó que el PP ha presentado casi 80 enmiendas al proyecto, y aunque las han retirado para dar su apoyo a la norma, no tienen clara la viabilidad económica del proyecto.

Datos de la Ley

La ley aprobada hoy establece nuevas herramientas de gestión como la tarjeta social que facilitará el acceso a los servicios; la historia social electrónica única o sistemas de información homogéneos, además de un profesional de referencia para cada persona que requiera el uso de los servicios sociales para ofrecer una atención personalizada.

También fija una red de profesionales de servicios sociales tanto en Atención Primaria como Especializada, mejora la formación del personal que trabaja en este ámbito y se refuerza la coordinación entre las diferentes administraciones y garantiza la titularidad pública en el acceso a los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha, en los cuales desarrollan su labor 838 profesionales, un 20 por ciento más que hace tres años.