María Márquez. Madrid El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha publicado la resolución de los proyectos sociales aprobados en materia de discapacidad impulsados por las autonomías. Con cierto retraso, ya que estos compromisos se establecieron en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales del 2 de marzo de 2010, tal y como reza el documento, el BOE desglosa las partidas subvencionadas por el Ministerio y por las arcas autonómicas. En esta ocasión, es Andalucía la que recibe una mayor financiación gubernamental (425.886,80 euros) que a su vez es exactamente la misma que la aportada por la Junta. En el extremo opuesto se encuentran Baleares y Madrid, cuyos gobiernos autonómicos hacen frente al 99,4 y 88,4 por ciento del gasto respectivamente.
Mientras que en la mayoría de autonomías el Estado y los respectivos gobiernos se reparten equitativamente las cantidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Valencia, Ceuta y Melilla), hay cinco casos en los que el gobierno regional hace un esfuerzo mayor. Entre ellos, Baleares y Madrid son los casos más notorios: en el primero, el Ministerio aporta 41.764,63 de 749.538 euros, y en el segundo, 248.641,24 de 2.151.221,77 euros. La consejería balear que dirige Fina Santiago contempla un único programa gestionado por la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad, mientras que la de Engracia Hidalgo ha tramitado dos proyectos, atención a personas con enfermedad mental grave y con discapacidad física grave. |