Redacción Médica
21 de septiembre de 2018 | Actualizado: Viernes a las 19:50

Amyts califica las adjudicaciones como “una huida hacia delante”

Considera que la externalización obedece “a criterios exclusivamente ideológicos”

Martes, 13 de agosto de 2013, a las 18:21

Julián Ezquerra, secretario general de Amyts.

Redacción. Madrid
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) considera que la adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y del Sureste (Arganda del Rey) a la empresa Ribera Salud, y la del Hospital del Henares a la compañía Sanitas, así como el anuncio de que durante la presente semana se firmará el traspaso de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y del Tajo (Aranjuez) al grupo puertorriqueño Hima San Pablo, constituye una “huida hacia delante. Una auténtica decisión desesperada del consejero Fernández Lasquetty y del presidente Ignacio González, que, como en las épocas más negras del Franquismo, han querido aprovechar el mes de agosto para cometer una felonía con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”,  indica en un comunicado la organización.

“Los señores González y Fernández-Lasquetty han cometido una grave equivocación al ignorar que nos encontramos en un Estado de Derecho y tratar de precipitar la privatización de recursos sanitarios públicos, que se encuentra recurrida por distintas organizaciones ante el Tribunal Constitucional, la vía penal y la vía contencioso administrativa” , y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ya dictó una resolución de paralización cautelar de la privatización de estos 6 hospitales públicos madrileños entre el 10 y el 24 de julio, “cuando levantó la misma advirtió que los hacía sin perjuicio de otros recursos presentados y de las medidas cautelares que procedan”.

De esta manera, Amyts considera que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “ha ignorado esa advertencia del más alto Tribunal de la región y está tratando de huir hacia delante en un intento de entorpecer la acción de la Justicia con hechos consumados. En el presente caso utilizando de manera torticera los plazos procesales”.

Asimismo, indica que la externalización y privatización de gestión de los citados centros es por “criterios exclusivamente ideológicos, un ultraliberalismo que pretende adelgazar el Estado de Bienestar y los recursos públicos, algo que no llevó en el programa con el que se presentó a las últimas elecciones autonómicas. Es una opción ideológica pura y simple. Ya el pasado año, sin privatizar los hospitales ahora en cuestión, el presupuesto de la Consejería de Sanidad para conciertos con clínicas privadas se desvió al alza un 55 por ciento, pasó de 627,7 millones de euros iniciales a un presupuesto final de 972,8 millones de euros”.