Reclama que “solo haya distinciones cuando haya rentas diferentes y en función de quién presta el servicio”



17 oct. 2014 14:27H
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Redacción. Valencia
La patronal valenciana de las empresas de residencias y atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, Aerte, ha pedido a la Generalitat que normalice la situación que afronta la región tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (Tsjcv) que anula el decreto que regula el copago, al tiempo que ha exigido al Gobierno central la homogeneización de la normativa “para evitar que algunos usuarios queden en una situación económica insostenible”. Asimismo, ha reclamado que se obligue “a todo tipo de entidades a aplicarlo una vez normalizado”.

José María Moreno, presidente de Aerte.

Además, Aerte ha exigido que se trate a todo el mundo “igual”, y que “solo haya distinciones cuando haya rentas diferentes y en función de quién presta el servicio”. Así, ha propuesto utilizar conceptos de renta neta y no incluir patrimonio no líquido “para evitar situaciones insostenibles para personas con escasos recursos económicos”.

En su opinión, “la normativa debe igualar en condiciones a las personas con discapacidad y a las personas mayores, sean dependientes o no, que siempre han abonado un copago desigualitario de un servicio necesario y fundamental”. En todo caso, considera que el copago es “necesario” para poder mantener el sistema, pero reclama que “no puede expulsar a las personas del sistema”, sino que “debe conseguir que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones”.

Consensuar los costes de referencia

Por otra parte, Aerte considera “imprescindible” consensuar y homogeneizar los costes de referencia. Así, propone que estos costes conlleven una equivalencia respectos a los cálculos reales, ya que “no tienen consonancia con los publicados hasta ahora por la Administración valenciana”. Por otra parte, también en clave regional, la patronal ha vuelto a reclamar que se agilice “de forma prioritaria” los más de 10.000 expedientes paralizados de cara a que personas dependientes “perciban las prestaciones que por ley les corresponden”.

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