El Ministerio de Sanidad reitera que no ha habido retrasos en su proceso legislativo



17 feb. 2011 10:33H
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María Márquez. Madrid
Empeño de la anterior ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y anunciada también en su día por Bernat Soria, la futura Ley de Salud Pública ha ido sorteando los baches de la catarsis estatal por las medidas anticrisis, cambios en el ministerio y el nuevo año. Capitaneando el proyecto, el director general de esta materia en el ministerio, Ildefonso Hernández, hombre de confianza de Pajín y, junto a Jiménez Palacios, el único cargo de su equipo más cercano al que no ha relevado. El sector sanitario está expectante ante una norma que promete romper esquemas con la prevención y los determinantes de salud como ejes principales. Fuentes del Ministerio apuntan que el viernes 25 de febrero es probable que el Consejo de Ministros le dé por fin luz verde.

Leire Pajín y el director gral. de Salud Pública, Ildefonso Hernández.

En su primera comparecencia en la comisión de Sanidad del Congreso, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, anunció que la aprobación del “texto definitivo” de la citada norma tendría lugar “antes del inicio del próximo periodo de sesiones”. De los pocos objetivos concretos que se conocen de ella, la ministra avanzó que “incorporará un conjunto de recomendaciones, de acciones preventivas en los servicios sanitarios, el establecimiento de la monitorización de los determinantes sociales de la salud o la obligación de elaborar una estrategia española de reducción de desigualdades de salud”. Dos meses más tarde, en su primera visita a la comisión de la cámara alta, habló de dicho texto para apuntar que lo elevaría a anteproyecto de ley “en las próximas semanas”.

Fuentes del Ministerio han asegurado a Redacción Médica que “podría llegar al Consejo de Ministros el 25 de febrero”, pero también en las dos semanas posteriores, situándose así de todos modos en el primer trimestre del año, plazo en el que se ha movido Sanidad desde  la llegada de Pajín. En esta línea, niegan “retrasos” y apuntan que “el consejo de ministros hace sus propias agendas, lo que entra o no cada viernes no es decisión exclusiva de cada ministerio”.

La oposición, expectante ante sus contenidos concretos

Fuentes de Izquierda Unida prefieren “no hacer valoraciones” hasta que el Gobierno apruebe el texto, vuelva al Congreso y así puedan “conocerse los contenidos concretos de la norma”. si bien recuerdan que sí ha sufrido retraso con respecto a los plazos marcados el pasado año. De la misma opinión comedida es el Partido Popular, que tampoco entra a valorarla "hasta que se convierta en ley".

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