La Junta asume el 80 % del gasto en dependencia

Redacción. Sevilla
En la actualidad, Andalucía está financiando el sistema de atención a la dependencia en un 72 por ciento, mientras que el Ejecutivo de España ha reducido su aportación al 28 por ciento. “Previsiblemente, a lo largo de este año, llegaremos a financiar hasta el 80 por ciento, cuando la ley se diseñó con la vocación de que el sistema fuera financiado al 50 por ciento entre las dos administraciones”, ha destacado María José Sánchez Rubio, consejera de Salud y Bienestar Social de la región.

María José Sánchez Rubio.

La consejera ha abordado esta cuestión durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía. Además, ha reiterado la necesidad de crear un grupo de trabajo conformado por representantes de todas las fuerzas políticas y sociales, con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de Dependencia.

De este modo, la Junta de Andalucía pretende hacer frente a las últimas modificaciones que ha realizado el Gobierno central en los dos últimos años, “que están suponiendo el desmantelamiento y una derogación encubierta de la ley, a espaldas del Congreso de los Diputados, que es donde se redactó, sin el consenso de los agentes sociales, de espaldas a las Comunidades Autónomas y a la ciudadanía”, ha señalado Sánchez Rubio.

Entre las últimas medidas aprobadas, se ha reducido la intensidad de los servicios, se ha eliminado la compatibilidad entre ellos, se están penalizando las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, se ha dejado fuera a personas con dependencia moderada y se ha eliminado la financiación, entre otras cosas, a golpe de decretos.

Otro aspecto importante señalado por la consejera es favorecer la cotización de las personas cuidadoras a la Seguridad Social y recuperar el 15 por ciento que se les suprimió a partir del Real Decreto Ley de julio de 2012. Según Sánchez Rubio, “la reducción de esta prestación ha afectado a 90.000 personas en Andalucía, a pesar de que hemos conseguido reducir del 15 al 13 por ciento esa disminución, y la supresión de la cotización afecta a 55.000 andaluzas y andaluces. Y todo ello lo ha hecho el Gobierno de España mientras se sigue primando a las empresas privadas que ofrecen estos servicios, frente a los cuidados en el entorno familiar”.

Desde Andalucía se quiere garantizar una gestión pública y directa de las valoraciones, el seguimiento, la inspección, la concesión de prestaciones, etcétera, así como apostar por los servicios de proximidad, generando así empleo estable y no deslocalizable.