La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) urge a los países y organizaciones internacionales a fijar criterios claros sobre qué datos sanitarios usar con fines de investigación, innovación y gestión de sistemas sanitarios. En un informe publicado este lunes, el organismo ha señalado que faltan definiciones claras y que la proliferación de entidades encargadas de evaluar solo provoca más disparidad de criterios. Por eso ha propuesto varios criterios para que las administraciones puedan decidir si el uso de esos datos es ético o no.
El documento resalta que la innovación y la investigación son esenciales para mejorar la salud de la población, impulsar la medicina y personalizarla, así como perfeccionar las herramientas de Inteligencia Artificial. Sin embargo, hay momentos en los que no es posible recibir el consentimiento explícito del paciente y la información conserva todavía un grado de identificabilidad. Según los autores, los investigadores sanitarios dependen de comités de revisión o autoridades nacionales para justificar que su labor responde al interés público y, por tanto, que pueden realizar su labor.
Según la OCDE, hay múltiples comités para aprobar estos trámites, lo que dificulta el trabajo. Por ello proponen cinco criterios para establecer si realmente un estudio es de interés público y, por tanto, ganarse la confianza de la ciudadanía. El primero es evaluar cómo el proyecto contribuye a la prevención o tratamiento de enfermedades, al desarrollo de políticas públicas, a la vigilancia epidemiológica y a la mejora de los servicios de salud.
El segundo, comprobar el mérito científico, la calidad de los datos y la trayectoria de las instituciones participantes, además de la existencia de planes claros de difusión de resultados. También será necesario, como tercer requisito, que se prueben los beneficios potenciales, así como la ciberseguridad y trazabilidad del proceso. Priorizar iniciativas que promuevan un acceso justo a los avances médicos y garantizar una comunicación transparente serían el resto de requisitos, serían el cuarto y quinto respectivamente.
Para lograr estos objetivos, la OCDE insta a los gobiernos a armonizar criterios, evitar retrasos que perjudiquen la vigencia de las subvenciones, implementar portales estructurados para enviar solicitudes y apoyar plataformas y redes internacionales de preservación de la privacidad.
Las exigencias no van dirigidas únicamente a las administraciones públicas. El documento enfatiza que las entidades privadas también pueden cumplir propósitos de interés público. Como ejemplo de buenas prácticas y exigencias, el informe analiza la autorización otorgada por la CNIL en Francia a IQVIA para crear una base de datos farmacéuticos destinada a evaluar el uso real de medicamentos, sujeto a estrictas garantías de seguridad y gobernanza.
Asimismo, se expone un fallo del Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia en el que se denegó la reutilización de datos para un estudio financiado por la industria farmacéutica debido a la falta de garantías estructurales de independencia científica y libertad de publicación.