El mundo afronta desde hace años una creciente escasez de sangre a nivel global. El envejecimiento de la población provoca que cada vez haya más pacientes de edad avanzada que requieren atención sanitaria y, al mismo tiempo, menos donantes disponibles para abastecer los bancos de sangre. Ante esta situación, nació en 2013 el proyecto Mapbm, una red colaborativa que impulsa la implantación de estrategias de Gestión de la Sangre del Paciente (Patient Blood Management, PBM) basadas en la evidencia científica para mejorar los resultados clínicos y reducir la necesidad de transfusiones innecesarias. Tras más de una década de trabajo y con resultados contrastados en seguridad, eficiencia y ahorro de recursos, los más de 50 hospitales españoles implicados en la iniciativa han reclamado al Sistema Nacional de Salud (SNS) y al Ministerio de Sanidad una apuesta decidida para garantizar su continuidad y acelerar su incorporación a la práctica clínica habitual.
Una de las especialistas que forma parte de MAPBM es Aina Ruiz Puig, traumatóloga del Hospital de Mataró, quien recuerda a Redacción Médica que “evitar las transfusiones cuando no son necesarias forma parte de la buena práctica clínica y está respaldado por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. El proyecto se centra especialmente en “pacientes quirúrgicos y busca ofrecer alternativas a quienes deben someterse a intervenciones como una prótesis de cadera, una cirugía colorrectal, una hemorragia digestiva o una cirugía derivada de una fractura de fémur”.
Cuando se detecta una anemia en un paciente, Ruiz explica que se activa un protocolo de tres fases destinado a optimizar su estado antes, durante y después del procedimiento. La primera etapa comienza “antes de la intervención y consiste en la denominada prehabilitación del paciente. En este proceso se estudia el origen de la anemia y se corrige mediante tratamiento oral o administración de hierro intravenoso cuando el tiempo disponible es limitado o la situación clínica así lo requiere”.
La segunda fase tiene como objetivo minimizar la pérdida de sangre durante la intervención: “Para ello se emplean medidas específicas, entre ellas el uso de ácido tranexámico, un fármaco que ayuda a reducir el sangrado y mejora el control de la hemorragia”. Por último, el protocolo contempla la aplicación de criterios restrictivos de transfusión. “No deben realizarse transfusiones indiscriminadas; es necesaria una valoración clínica individualizada para determinar si el paciente realmente necesita recibir sangre”, explica la especialista.
La transfusión sanguínea cuenta también con riesgos
Otro de los argumentos que respaldan estas estrategias es que la transfusión sanguínea no es un procedimiento exento de riesgos. Según Ruiz, “existen evidencias de que puede asociarse a una mayor tasa de infecciones, más complicaciones durante la hospitalización, un incremento de la morbilidad y posibles complicaciones pulmonares graves. Poner sangre no es agua de mayo; transfundir también tiene sus propias complicaciones”.
Además, la especialista señala que los hematíes almacenados experimentan cambios biológicos con el paso de los días: “Estas modificaciones pueden afectar a algunas de sus propiedades y reducir su capacidad para transportar oxígeno con la misma eficacia que la sangre recién obtenida”.
Tras doce años de desarrollo, Ruiz destaca que se han publicado numerosos estudios que demuestran los beneficios de este abordaje, tanto en la reducción de transfusiones como en la mejora de la seguridad del paciente: “Por todo ello, el SNS debe realizar una inversión importante para consolidar este modelo asistencial”.
La facultativa subraya además que este procedimiento no solo afecta a las especialidades quirúrgicas: “En muchos hospitales, servicios como Urgencias o Hematología son los que más transfusiones realizan. Es necesario seguir desarrollando protocolos y estudios relacionados con la anemia, además de optimizar a los pacientes desde Atención Primaria”.
Inversión necesaria para mantener vivo el proyecto
Respecto a la financiación necesaria para garantizar la continuidad del proyecto, Ruiz considera que los responsables de la gestión sanitaria no siempre perciben el impacto real que estas medidas tienen en la asistencia clínica: “A menudo no se valora suficientemente la mejora para el paciente ni el ahorro que se está generando para el sistema sanitario”. De hecho, la especialista participa actualmente en la elaboración de un estudio destinado a cuantificar el impacto económico del proyecto y analizar su relación coste-beneficio para el SNS: “Los resultados pretenden aportar evidencia adicional que facilite la obtención de financiación estable y permita extender estas estrategias de forma homogénea en todo el país”.