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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha unificado el trámite de acreditación para el profesorado en ciencias de la salud, permitiendo al personal clínico solicitar el acceso a la figura de Profesor Permanente Laboral (PPL) en un mismo procedimiento junto a la titularidad o cátedra. Este nuevo marco legal, que desarrolla la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), busca desburocratizar la carrera académica de los médicos, enfermeros y otros profesionales que compaginan la asistencia hospitalaria diaria con la docencia en las facultades.

La principal modificación del texto deroga la normativa vigente desde el año 2002 y concentra las peticiones administrativas. El aspirante ya no duplicará esfuerzos, dado que la solicitud de PPL seguirá la misma tramitación que las categorías superiores y recaerá bajo el escrutinio de las comisiones del programa ACADEMIA. El ministerio matiza que los criterios de evaluación, aprobados el pasado mes de marzo, se ajustan a la realidad de la etapa inicial de la carrera investigadora y resultan más asumibles que los exigidos por el extinto programa PEP. Asimismo, el Gobierno aclara que quienes ya dispongan de un certificado de Profesorado Contratado Doctor mantendrán su validez legal de forma automática para la nueva figura laboral sin necesidad de papeleo adicional.

Docencia y clínica

El articulado presta especial atención a la naturaleza dual del profesorado sanitario, adscribiendo los puestos de trabajo a especialidades como la Medicina, la Enfermería, la Fisioterapia o la Farmacia. El texto legal detalla que estos docentes con contrato laboral permanente tienen la obligación de impartir sus clases teóricas y prácticas tanto en las aulas de la universidad como en los centros sanitarios concertados donde ejercen. Para salvaguardar la calidad asistencial, la administración advierte que los perfiles concretos de estas plazas tendrán que ajustarse a los requisitos propios de las titulaciones habilitantes correspondientes.

Exenciones por cuidados

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) dispone ahora de un tope estricto de seis meses para resolver y notificar los expedientes a través de su sede electrónica. Si el dictamen resulta desfavorable, el facultativo cuenta con un plazo de 30 días para elevar una reclamación formal ante el Consejo de Universidades. Uno de los puntos más delicados de la reforma es el requisito de acreditar nueve meses de movilidad académica en un centro distinto al de lectura de la tesis, una exigencia compleja para el personal adscrito a un hospital. Ante este obstáculo, la agencia evaluadora recuerda que aplicará dispensas motivadas cuando el candidato demuestre que una enfermedad, una discapacidad, el cuidado de familiares o la violencia de género frenaron dicho desplazamiento.

Esta reforma legal cierra la adaptación de los procedimientos de acceso a los cuerpos docentes estatales. Las solicitudes que ingresaron en el registro antes de la entrada en vigor de la norma continuarán su tramitación y se resolverán bajo el paraguas de la legislación anterior, liquidando el periodo transitorio del sistema.