El Gobierno da un paso adelante en su iniciativa para endurecer los criterios de cara a la apertura, reconocimiento y autorización de universidades de Ciencias Sanitarias. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado la apertura del proceso de audiencia e información pública del proyecto de real decreto para efectuar esta reforma desde este jueves hasta el próximo 2 de diciembre.
El Ejecutivo retoma así la tramitación de una norma que quedó anulada por el Tribunal Supremo, al considerar que su aprobación por vía urgente no estuvo "debidamente justificada". De esta manera, da cumplimiento a la exigencia del Alto Tribunal de someter la normativa al trámite de consulta pública antes de pasar por el Consejo de Ministros. En la consulta podrán participar ciudadanos particulares, instituciones y agentes del sector a fin de recabar aportaciones y propuestas sobre el redactado de la misma.
La iniciativa modifica principalmente el Real Decreto 640/2021, además de otras normativas sobre expedición de títulos y organización de las enseñanzas, con el objetivo de frenar la proliferación de centros sin suficiente rigor académico o investigador. La norma responde al aumento exponencial de centros privados abiertos en los últimos años que, si bien no es una tendencia exclusiva del ámbito sanitario, es donde más impacto tiene. Según detalla el texto sometido a consulta, el sistema universitario español ha experimentado un crecimiento acelerado en la enseñanza superior privada, pese a solo concentrar un 5% de los recursos captados para investigación en todo el país. Ciencias de la Salud es la rama universitaria donde la privada más ha aumentado su peso, con un crecimiento en el número de matriculados casi diez veces superior a las públicas en la última década. Los grados de Veterinaria o Farmacia son los máximos exponentes de este paradigma, aunque la tendencia también es palpable en los grados de Medicina o Enfermería, debido a las elevadas notas de corte que se exigen para su acceso en la pública.
Número de doctores, instalaciones y financiación de la investigación
Con el objetivo de garantizar la calidad asistencial entre estos centros, la normativa establece un filtro previo mucho más estricto tanto para los proyectos de nueva creación como para las instituciones ya operativas. A partir de su aprobación, será obligatorio contar con un informe favorable y vinculante de la ANECA o de la agencia autonómica de calidad correspondiente antes de crear o reconocer una universidad. En caso de que dicho informe sea desfavorable o no se emita en el plazo de un año, la solicitud quedará denegada y los promotores no podrán volver a presentar una nueva petición hasta transcurridos dos años.
La reforma exige que al menos el 50 % del profesorado en grados y másteres —y el 100 % en doctorado— posea el título de doctor, sin computar a los asociados de Ciencias de la Salud. Al séptimo año de actividad, el 60 % de estos doctores deberá tener sexenios de investigación reconocidos.
Respecto a las infraestructuras, los laboratorios de investigación tendrán entre 10 y 15 metros cuadrados por investigador y no podrán compartirse con la docencia. Los centros deberán cumplir las normas de accesibilidad, contar con bibliotecas proporcionales al alumnado y ofrecer alojamiento para el 10 % de sus estudiantes. En Ciencias de la Salud se exigirá concierto con un hospital general y tres centros de salud.
El proyecto también fija exigencias concretas sobre el tamaño y la oferta académica, de manera que las instituciones deberán impartir al menos diez títulos oficiales de Grado, seis de Máster y tres programas de Doctorado en un mínimo de tres ramas de conocimiento. Asimismo, tendrán que superar los 4.500 estudiantes matriculados a los seis años del inicio de su actividad, asegurando que al menos la mitad de ellos cursen estudios de Grado.
En lo que respecta al ámbito científico, el proyecto obliga a que los centros destinen al menos el 5% del presupuesto total a programas propios de incentivación de la investigación y transferencia. A esto se suma la obligación de captar en convocatorias y contratos de I+D+i al menos el equivalente al 2 % de su presupuesto anual, bajo la advertencia de que el incumplimiento reiterado podrá acarrear la revocación de la autorización de actividad.
Además se establecen requisitos específicos sobre solvencia financiera que deberán ser acreditados mediante avales bancarios. La reforma también aborda la enseñanza a distancia y en las instituciones extranjeras. Aquellas universidades que impartan más del 80 % de sus créditos de forma virtual pasarán a considerarse "universidades de especiales características", por lo que su creación requerirá una ley de las Cortes Generales y la autorización del Ministerio, salvo excepciones vinculadas a lenguas cooficiales o financiación autonómica. Estas universidades online deberán garantizar también que al menos el 75 % de su profesorado resida en España o en la Unión Europea. Por su parte, los centros extranjeros que operen en territorio español necesitarán autorización autonómica, un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y deberán someterse a controles periódicos de calidad y transparencia.