La actualización de los contratos públicos, la financiación de la innovación y las diferencias territoriales en el acceso a la tecnología sanitaria están en el foco del debate político sobre el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS). En un contexto marcado por el incremento de los costes y la necesidad de modernizar los recursos asistenciales, la indexación de los contratos públicos emerge como una de las principales cuestiones para garantizar la viabilidad de los acuerdos plurianuales con las empresas proveedoras y mantener la calidad de los servicios.

Estas cuestiones han reunido a representantes de Podemos, Partido Popular y Vox en un encuentro organizado por Redacción Médica en colaboración con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Aunque las formaciones han mostrado distintos planteamientos sobre el modelo de organización del SNS y el papel de las administraciones, han coincidido en la importancia de mejorar la incorporación de la innovación, garantizar la calidad de los equipos y optimizar los recursos públicos. La interoperabilidad, la digitalización y el refuerzo de la inversión han completado una agenda de prioridades para la próxima legislatura.

Contratación pública: la indexación, sobre la mesa

La posibilidad de recuperar mecanismos de indexación de los contratos públicos ha sido uno de los asuntos centrales del encuentro. El Partido Popular (PP) se ha mostrado favorable a introducir fórmulas que permitan actualizar los precios en función de la evolución de los costes y evitar que la inflación comprometa la viabilidad de los servicios. Julio García Comesaña, coordinador de Gestión de la Innovación de la Vicesecretaría de Sanidad y Política Social del PP, ha advertido de que la rigidez de los contratos puede acabar provocando interrupciones en las prestaciones.

"Hay que ser flexibles e introducir elementos de actualización del precio del contrato al coste de la vida", ha señalado. A su juicio, esta revisión debe acompañarse de compromisos por parte de los proveedores en materia de disponibilidad, mantenimiento y actualización tecnológica de los equipos.

Desde Vox, María García Fuster, portavoz nacional de Sanidad, ha puesto el acento en la transparencia y la supervisión de estos mecanismos. La formación considera prioritario garantizar la continuidad del servicio mediante fórmulas "claras y auditables", especialmente en el caso de productos esenciales. En este sentido, ha reclamado un control exhaustivo de la contratación pública para evitar irregularidades y situaciones de falta de suministro.

Por su parte, Amparo Botejara, responsable del Área de Política Sanitaria del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, ha defendido que la inversión en tecnología sanitaria debe ser una prioridad y no quedar supeditada a la coyuntura económica. También ha insistido en la necesidad de valorar conjuntamente el coste y la calidad de los equipos antes de incorporarlos al sistema sanitario.

Acceso a la innovación y calidad tecnológica

Donde sí se han mostrado de acuerdo es en la apuesta por la calidad. Las tres formaciones han coincidido en que el precio no puede ser el único factor determinante. Vox ha reclamado criterios objetivos, medibles y publicados; el PP ha defendido valorar aspectos como la disponibilidad de los equipos, su mantenimiento y sus posibilidades de actualización; mientras que Podemos ha insistido en la necesidad de conocer de antemano su coste y vida útil.

El acceso equitativo a las nuevas tecnologías ha sido otro de los grandes asuntos abordados. Vox ha defendido una evaluación única a nivel nacional, plazos máximos para incorporar las innovaciones a los hospitales y una cartera común de servicios. Para García Fuster, la fragmentación territorial provoca desigualdades entre pacientes y dificulta que todos puedan beneficiarse de los mismos avances.

El PP, en cambio, apuesta por mantener las competencias sanitarias autonómicas, reforzando la coordinación entre administraciones. García Comesaña ha propuesto impulsar fórmulas como la compra pública innovadora y el diálogo competitivo con las empresas para facilitar la incorporación de tecnologías que aporten valor. También ha defendido reforzar la red de agencias de evaluación tecnológica para identificar aquellas soluciones que mejoran los resultados y la eficiencia asistencial.

Podemos coincide en la necesidad de mejorar la cohesión, aunque distingue este objetivo de la centralización. Botejara ha reclamado avanzar en el desarrollo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y ha considerado insuficiente el marco actual de evaluación de tecnologías. Asimismo, ha pedido que las innovaciones lleguen prioritariamente al sistema público y que su incorporación tenga en cuenta tanto el coste como su vida útil y obsolescencia.

Financiación y transformación digital

La financiación ha aparecido como una condición imprescindible para avanzar en la modernización tecnológica del SNS. Botejara ha defendido elevar el gasto sanitario hasta los 2.900 euros por habitante y año, frente a los 2.240 euros de media que ha señalado para las comunidades autónomas. A su juicio, sin un incremento de los recursos será difícil reforzar el sistema público e incorporar nuevas soluciones tecnológicas.

En esta línea, ha situado la digitalización de Atención Primaria entre las prioridades de la próxima legislatura, junto con el impulso de la telemedicina para mejorar la asistencia en el medio rural y la conexión de este nivel asistencial con el resto de estructuras sanitarias.

El PP también ha reclamado garantizar una financiación específica para la innovación tecnológica, así como una cartera común básica que permita asegurar el acceso a determinados recursos en todas las comunidades autónomas. Vox, por su parte, ha defendido priorizar la inversión en tecnología esencial y favorecer la producción nacional para impulsar la industria y la investigación españolas.

Las propuestas para la próxima legislatura

En el turno final, los representantes han concretado sus principales propuestas para incorporar a los programas electorales. El PP ha apostado por reformar la Ley de Contratos del Sector Público para adaptarla a las particularidades sanitarias, reforzar las agencias de evaluación tecnológica y garantizar una financiación específica para la innovación. También ha defendido facilitar el acceso de los pacientes a tecnologías disponibles en otras comunidades cuando no estén implantadas en su territorio.

Vox ha situado entre sus prioridades la tarjeta sanitaria única y la historia clínica compartida, la compra centralizada y estratégica de tecnología esencial (con preferencia por la producción nacional) y la simplificación de los contratos públicos para reducir la burocracia y reforzar la transparencia.

Por último, Podemos ha planteado tres líneas de actuación: digitalizar la Atención Primaria y extender la telemedicina, mejorar la información sobre las listas de espera para que pacientes y profesionales conozcan los plazos previstos de atención y reforzar la ciberseguridad para proteger los datos sanitarios.

El debate ha dejado sobre la mesa una conclusión compartida. No es otra que la transformación tecnológica del SNS no depende únicamente de incorporar nuevos equipos, sino de garantizar que estos lleguen a tiempo, estén disponibles y puedan mantenerse en condiciones óptimas. La financiación, la contratación pública y la coordinación territorial se perfilan así como algunas de las grandes decisiones que deberá abordar la próxima legislatura para que la innovación no se quede en el papel y se traduzca en mejores diagnósticos, tratamientos y resultados para los pacientes.