Javier Barbado / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Madrid

El anteproyecto de reforma de la Ley de Contratos del sector público otorgará valor a la eficiencia de una empresa, y no solo al precio que oferta, a la hora de que la Administración la seleccione como socio tecnológico o stakeholder, tal como ha precisado Sara Castelo, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, durante la jornada Innovación Tecnológica, que ha organizado este martes la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) en la sede de la Fundación Territorial ONCE en la capital.

Castelo ha reflexionado sobre si resulta o no factible, con la actual legislación de compra pública en España, establecer una relación entre instituciones sanitarias públicas y empresas que actúen como socios estratégicos en el campo de la tecnología.

Según ha recordado, en el marco normativo vigente esa relación se basa en la demanda de un producto por parte de la Administración y su compra al proveedor, empresa particular, conforme a una serie de criterios en forma de concurso público de licitación.

“Pero pasar de cliente a socio-estratégico en estas condiciones se antoja complejo”, ha lamentado, aunque también ha mencionado los convenios de colaboración como un ejemplo de medio factible de llevar a cabo esa conversión. “La nueva ley de contratos del sector público acaba de incorporar novedades relacionadas con el criterio del precio para que no sea el único elemento por tener en cuenta para valorar la oferta más ventajosa, y, así, se reclama que la eficiencia sea también una variable tenida en cuenta”, ha informado.

En el anteproyecto mencionado por Castelo desaparece la colaboración público-privada por el simple hecho de que “no se ha utilizado” y abre un proceso de consultas de la Administración con el mercado para explorar nuevas formas de asociación.

Por su parte, Pablo Torres, director de Gestión del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha asegurado que, tal como él lo ve, la conversión del socio-proveedor a cliente estratégico de los centros sanitarios públicos no tiene por qué surtir efecto, esto es, “se puede seguir como hasta ahora” en régimen de colaboración público-privada “que no afecta a la planificación” de los hospitales y centros (cosa que, según ha dado a entender, sí puede suceder con una normativa de nueva cuña).

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