Redacción. Madrid
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha evaluado el grado de implementación de la factura electrónica y de la creación del registro contable en las distintas administraciones públicas y su veredicto es que, a “apenas 60 días para su entrada en vigor obligatoria” (prevista para el 15 de enero de 2015) las comunidades autónomas están ‘haciendo los deberes’ de forma desigual.
Así, solo Castilla-La Mancha “cumple todos los requisitos normativos y técnicos para empezar a operar”. Mientras, nueve autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Madrid y País Vasco) y Ceuta y Melilla no disponen de factura electrónica en formato Factura-e 3.2 y no permiten hacer pruebas. Por su parte, Galicia y Navarra reciben Factura-e, pero no cumplen otros requisitos, como la publicación del directorio de entes gestores en formato DIR3 o contar con el formato de factura electrónica 3.2; mientras que el resto (Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia) “cumplen todos los requisitos y reciben Factura-e 3.2, pero no han plublicado los DIR3”, apunta Fenin.
Según recuerda la patronal del sector de la tecnología sanitaria, la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector público pretende eliminar la morosidad de las administraciones públicas, y de acuerdo con ella, a partir del 15 de enero del próximo año todas ellas “deberán habilitar un punto único de entrada en el que depositar las facturas o adherirse al punto general de entrada del Estado”. Así, este punto, junto con el registro contable, “agilizará la tramitación de las facturas y ofrecerá una mayor seguridad a las empresas proveedoras de bienes y servicios”.
Así, Fenin, además de ofrecer su “colaboración” para garantizar la plena incorporación de la facturación electrónica “respetando los marcos legales establecidos”, ha apelado a la “agilidad” de las administraciones autonómicas para tomar las medidas necesarias que aseguren la correcta implementación de la factura electrónica y ha mostrado su “confianza” en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “realice el seguimiento de esta implementación y asegure que a partir del 15 de enero de 2015 las empresas tengan la posibilidad de remitir sus facturas en formato electrónico a todas las autonomías”.
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