La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra cinco empresas del sector de la asistencia sanitaria privada y un directivo por posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con una licitación pública de la Xunta de Galicia. El organismo investiga tanto un posible acuerdo entre varias compañías para condicionar la adjudicación del contrato como eventuales abusos de posición dominante.
La investigación se dirige contra Gerosalud, empresa dedicada a la gestión sanitaria, uno de sus directivos y otras cuatro compañías del ámbito hospitalario: los grupos hospitalarios Ribera Salud, Recoletas Salud y HM y el Hospital Concheiro. Según explica la CNMC, las conductas investigadas podrían constituir infracciones de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC). Uno de los principales elementos del expediente es el posible acuerdo o práctica concertada entre varias empresas para prestar en exclusiva los servicios sanitarios vinculados a un seguro colectivo de accidentes deportivos, cuyo contrato había sido licitado por la Xunta de Galicia.
En concreto, Competencia analiza si las compañías investigadas habrían pactado con Gerosalud la prestación de estas asistencias, impidiendo que la aseguradora que inicialmente había resultado adjudicataria pudiera formalizar el contrato. Como consecuencia de esta supuesta actuación, la licitación habría terminado adjudicándose a una segunda empresa, en beneficio de Gerosalud. La CNMC considera que estos hechos, de acreditarse, podrían ser contrarios al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe los acuerdos y prácticas concertadas que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia.
Posibles abusos de posición dominante
La investigación también contempla una segunda línea relacionada con posibles abusos de posición dominante. En este caso, la CNMC examina actuaciones que habrían llevado a cabo el Grupo Ribera Salud y el Grupo Recoletas Salud y que podrían haber consistido en una negativa injustificada de suministro de un insumo esencial. El organismo señala que estas conductas, si finalmente quedan acreditadas, podrían vulnerar el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado.
La apertura del expediente llega después de que la CNMC realizara inspecciones en las sedes de varias empresas entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025, en distintos puntos del territorio nacional. Estas actuaciones se llevaron a cabo en colaboración con la Comisión Gallega de la Competencia.
Con este nuevo paso, el organismo inicia formalmente el procedimiento sancionador para esclarecer los hechos y determinar si las conductas investigadas constituyen infracciones de la normativa de competencia. No obstante, la CNMC recuerda que la incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, por lo que todavía no existe una resolución que declare acreditadas las posibles infracciones ni que imponga sanciones a las empresas o al directivo investigados.
El procedimiento cuenta ahora con un plazo máximo de 24 meses para su resolución, durante el que se analizarán las actuaciones y las posibles responsabilidades de los implicados.