José Manuel Baltar acaba de asumir la Presidencia de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y tiene claro su objetivo: la sanidad necesita menos confrontación política y más capacidad para sumar esfuerzos. Tras una larga trayectoria al frente de hospitales públicos y privados y como exconsejero de Sanidad de Canarias, defiende que el futuro del sistema pasa por reforzar la colaboración entre los sectores público y privado.

Baltar concede su primera entrevista como presidente de ASPE a Redacción Médica. En ella, rechaza el proyecto de ley que limita la gestión privada de servicios públicos, reivindica el papel de los conciertos para reducir las listas de espera y reclama un gran pacto político que permita afrontar los desafíos de la próxima década, desde la falta de profesionales hasta el envejecimiento de la población. Pone especial foco en la formación MIR, al defender que la sanidad privada puede formar más especialistas si las administraciones colaboran también en la financiación de esas plazas.

El presidente de ASPE también analiza el futuro de Muface, la evolución del aseguramiento sanitario y el papel que, a su juicio, debe desempeñar la sanidad privada en un sistema que considera "complementario" y orientado a mejorar la atención de los ciudadanos.

Fue elegido el pasado mes de abril como nuevo presidente de ASPE. ¿Cuáles son las prioridades que se ha marcado para este mandato y qué le preocupa más del momento que atraviesa la sanidad española?

Las prioridades las definimos de forma consensuada con el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. La primera, y la más importante, es el paciente. Nosotros existimos porque los ciudadanos nos eligen y toda nuestra actividad debe estar orientada a ofrecerles la mejor atención posible.

La segunda prioridad son los profesionales. Es imposible prestar una asistencia de calidad sin contar con ellos, por lo que su desarrollo, crecimiento y fidelización son esenciales.

La tercera es reforzar la colaboración público-privada. Entendemos que el sistema sanitario español debe construirse desde la convivencia entre ambos ámbitos. Nuestra voluntad es aportar soluciones para que los ciudadanos accedan a la mejor atención posible, con independencia de la fórmula de colaboración.

También queremos fortalecer la presencia territorial de ASPE. La sanidad está descentralizada y necesitamos estructuras con interlocución directa con las consejerías de cada comunidad autónoma.

Otra prioridad es la innovación. La sanidad privada ha sido históricamente un motor innovador y queremos que ese desarrollo tecnológico no llegue solo a los grandes hospitales, sino también a los centros pequeños y medianos que forman parte de nuestra organización.

Por último, está el aseguramiento. Queremos construir junto al sector un espacio que garantice un crecimiento sólido y sostenible.

En cuanto a mi principal preocupación, es la utilización ideológica de la sanidad. Se ha convertido demasiado a menudo en un arma política y eso perjudica a todos. Estoy convencido de que la suma de la sanidad pública y la privada multiplica los resultados en salud, mejora la calidad asistencial y reduce los tiempos de atención.

La relación entre el Ministerio de Sanidad y la sanidad privada ha sido, en algunas ocasiones en los últimos años, tensa. ¿Cómo es su interlocución con Mónica García y cuál será (o si ha sido ya) su primera petición a la ministra?

He coincidido con la ministra Mónica García en varias ocasiones, aunque siempre en encuentros institucionales o sociales. Más allá de las diferencias que podamos tener en algunos planteamientos, nuestra relación con el Ministerio ha sido fluida.

Trabajamos de forma habitual con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y siempre que hemos solicitado una reunión hemos sido atendidos. Además, colaboramos en cuestiones como la planificación de profesionales sanitarios, que es uno de los grandes retos del sistema.

Nuestra principal petición es clara: sacar la sanidad del debate ideológico. Esa confrontación perjudica al sector, pero sobre todo a los ciudadanos, porque limita la capacidad del sistema para ofrecer una atención de calidad y en tiempos adecuados.

El proyecto de ley que limita la gestión privada de la sanidad pública ha generado una fuerte contestación en el sector. ¿Qué valoración hace?

Creo que es un error gravísimo y, sobre todo, un perjuicio para los ciudadanos.

Eliminar capacidades asistenciales que hoy ya están funcionando mediante conciertos, concesiones o convenios supone reducir recursos cuando precisamente son necesarios para atender a la población. Desde nuestro punto de vista, no solo deberían mantenerse esos modelos de colaboración, sino incluso reforzarse para prestar una asistencia más rápida y de mayor calidad.

"Limitar la gestión sanitaria privada de la sanidad pública es un error gravísimo"

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La huelga de médicos en la sanidad pública ha vuelto a poner sobre la mesa el malestar profesional. ¿Cómo interpreta esta situación y qué impacto tiene sobre la sanidad privada?

Existe la idea de que las crisis de la sanidad pública benefician a la privada, pero ocurre exactamente lo contrario.

Una crisis de este tipo deteriora la confianza de la sociedad en todo el sistema sanitario. Por eso nuestro deseo es que el conflicto se resuelva cuanto antes y con un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Si pudiéramos contribuir de alguna manera a facilitar esa solución, lo haríamos encantados. Creemos firmemente que la colaboración entre los ámbitos público y privado fortalece el sistema y que las experiencias desarrolladas hasta ahora lo han demostrado.

Uno de los grandes problemas de la sanidad española es la escasez de profesionales. ¿Se trata de un problema coyuntural o de un fallo estructural de planificación?

La falta de profesionales es una realidad y afecta tanto a médicos como a enfermeras, aunque con distinta intensidad según la especialidad y el territorio.

Hemos colaborado con el Ministerio de Sanidad en los trabajos de planificación de recursos humanos, porque sería un error analizar la situación sin tener en cuenta a los profesionales que trabajan en el ámbito privado.

No es un problema exclusivo de España, sino de todo nuestro entorno europeo. Vivimos en un espacio de libre circulación donde los profesionales pueden desarrollar su carrera en otros países.

Nuestra obligación es poner toda nuestra capacidad formativa al servicio del sistema y apoyar una planificación rigurosa que permita conocer cuántos profesionales hay, cuántos harán falta en el futuro y cómo responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.

En este contexto, ¿cree que el sistema actual del MIR necesita una reforma?

El sistema MIR ha demostrado sobradamente su éxito. Basta ver el interés que despiertan nuestros especialistas en otros países para comprobar la calidad de su formación.

Eso no significa que no deba evolucionar. La sanidad cambia a gran velocidad, especialmente por el avance tecnológico, y el modelo debe adaptarse a esa realidad. Estoy convencido de que esa evolución ya se está produciendo y debe seguir haciéndolo.

Desde la sanidad privada también apostamos por la formación especializada y participamos activamente en ella.

Este año la sanidad privada ha aumentado el número de plazas de formación sanitaria especializada...

Así es. Hasta ahora formábamos alrededor de 280 especialistas y el próximo ejercicio está previsto alcanzar las 300 plazas.

Ahora bien, el sector privado se siente especialmente perjudicado en este ámbito. Nuestros centros financian íntegramente la formación de los MIR, mientras que en la sanidad pública esa financiación procede del propio sistema.

Dada la escasez de profesionales, creemos que las administraciones deberían colaborar también en la financiación de la formación que realiza la sanidad privada. Tenemos capacidad para formar a más especialistas, pero el esfuerzo económico limita ese crecimiento.

Muchas comunidades autónomas recurren a la colaboración público-privada para reducir las listas de espera. ¿Puede sostenerse el Sistema Nacional de Salud sin la sanidad privada?

Creo que no.

Los propios consejeros de Sanidad reconocen que la colaboración con la sanidad privada resulta fundamental para reducir las listas de espera. En muchos territorios sería muy difícil asumir esa demanda únicamente con los recursos públicos.

Además, esa colaboración podría intensificarse. Desde ASPE tendemos la mano a todas las comunidades autónomas que quieran trabajar con nosotros. Nuestro objetivo no es sustituir al sistema público, sino complementarlo para ofrecer una asistencia de calidad y reducir los tiempos de espera gracias a una mayor capacidad asistencial.

¿Cree que la sanidad privada debe tener algún tipo de participación o presencia estable en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) cuando se abordan cuestiones estratégicas?

Con la normativa actual es complicado. Nosotros ya formamos parte del Comité Consultivo, pero la cuestión de fondo es otra.

Me preocupa que el Consejo Interterritorial se haya convertido, en demasiadas ocasiones, en un escenario de confrontación política. Debería ser el gran órgano de cohesión del sistema sanitario y el espacio donde se resolvieran las desigualdades territoriales, pero muchas veces acaba reflejando el enfrentamiento político existente.

Es especialmente preocupante cuando esas diferencias afectan a cuestiones como el acceso a determinados tratamientos o medicamentos, algo que se aprecia claramente en el ámbito de las enfermedades raras.

Si algún día se nos permitiera participar en el Consejo Interterritorial, lo haríamos con un espíritu estrictamente constructivo. No queremos sustituir a nadie, sino aportar soluciones y contribuir a mejorar el sistema.

El modelo Muface vuelve periódicamente al debate político. ¿Necesita una reforma profunda? ¿Qué habría que mejorar para garantizar su viabilidad?

Muface ha sido durante muchos años objeto de un debate ideológico. Nosotros defendemos que los ciudadanos puedan elegir libremente el modelo asistencial que prefieran y, desde ese punto de vista, consideramos que Muface es un buen sistema.

Es cierto que hace unos meses atravesó una situación muy delicada por su insuficiente financiación, pero ese problema se ha resuelto.

Ahora debemos aprovechar aquello que funciona bien en Muface para trasladarlo a otros ámbitos del sistema sanitario y, al mismo tiempo, incorporar las mejoras que ya existen fuera del mutualismo.

Nuestra relación con la Dirección de Muface es excelente y creemos que se han dado pasos importantes con la refinanciación del modelo. A partir de ahora habrá que seguir avanzando.

Eso sí, sería deseable que el incremento de la financiación llegara también, en la misma proporción, a los prestadores de servicios sanitarios.

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Desde la pandemia, la sanidad privada ha ganado alrededor de 1,8 millones de asegurados. Pero, ¿puede el sector acoger a todos? ¿Existe un límite de crecimiento antes de que aparezcan problemas de saturación o calidad?¿Puede el sector morir de éxito?

No lo creo. Estoy convencido de que, si sigue creciendo la demanda, también crecerá la oferta y lo hará manteniendo la calidad asistencial.

Precisamente una de las prioridades de ASPE es trabajar junto al sector asegurador para garantizar un crecimiento sólido y sostenible. Estamos impulsando un espacio de colaboración con Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) para construir un modelo que dé respuesta a las necesidades futuras.

La población envejece, aumenta la cronicidad y el aseguramiento tendrá que adaptarse a esa realidad. Si conseguimos avanzar juntos, existe un importante margen de crecimiento para todo el sector.

Uno de los grandes reproches al sector es el encarecimiento de las pólizas y las dificultades crecientes para asegurar a personas mayores o con patologías previas. ¿Está dejando fuera la sanidad privada a los pacientes más complejos?

Las pólizas actuales incorporan determinadas limitaciones, pero eso responde al propio funcionamiento del aseguramiento, que debe garantizar su sostenibilidad financiera.

No es un problema exclusivo de España. En otros países europeos ya existen productos específicamente diseñados para personas de mayor edad o con enfermedades crónicas, y aquí también empiezan a aparecer.

El reto consiste en desarrollar modelos que no penalicen a estos pacientes y que apuesten por la prevención, el seguimiento y los cuidados para evitar complicaciones.

Estoy convencido de que el sector asegurador sabrá evolucionar en esa dirección. Desde ASPE queremos acompañar ese proceso y colaborar para construir un modelo que permita crecer a todos.

Si tuviera que señalar una única reforma imprescindible para evitar el deterioro del Sistema Nacional de Salud (SNS) durante la próxima década, ¿cuál sería?

Sin ninguna duda, un gran pacto político por la sanidad.

Llevamos muchos años reclamándolo y sigo convencido de que es la medida más importante que podría adoptarse. La sanidad no puede seguir siendo un elemento permanente de confrontación política ni convertirse en un argumento electoral.

Estoy convencido de que, si los partidos se sientan a dialogar pensando en los ciudadanos, será posible alcanzar acuerdos. Siempre que trabajamos unidos en torno a un objetivo común, los resultados son mejores.

Dentro de diez años, ¿cree que la frontera entre la sanidad pública y la privada será más pequeña o más grande?

Espero que, sencillamente, deje de existir.

La interoperabilidad de los datos sanitarios y el hecho de que los ciudadanos sean realmente propietarios de su información clínica contribuirán a eliminar muchas de esas barreras.

Soy un firme defensor de que desaparezcan las fronteras entre la sanidad pública y la privada. Debemos encontrar espacios de trabajo compartidos porque, cuando ambas colaboran, los resultados para los ciudadanos se multiplican.