España necesita cambiar los criterios con los que financia y compra determinados medicamentos para evitar que la presión sobre los precios termine comprometiendo su suministro. El Ministerio de Sanidad considera que el coste más bajo no siempre es la opción más eficiente para el SNS y defiende incorporar la seguridad del abastecimiento a las decisiones de financiación y contratación pública, especialmente en el caso de medicamentos esenciales cuya fabricación opera con márgenes ajustados.
“El precio más bajo no siempre representa el menor coste para el sistema sanitario", advierte el departamento, que señala que una interrupción del suministro puede obligar a recurrir a alternativas más caras, generar costes asistenciales adicionales y comprometer la continuidad de los tratamientos.
Según Sanidad, las cadenas de suministro farmacéutico presentan vulnerabilidades compartidas con el resto de Europa, entre ellas la dependencia exterior de determinadas materias primas y principios activos, así como la existencia de un número reducido de fabricantes para algunos medicamentos.
Esta situación afecta especialmente a determinados antibióticos, medicamentos inyectables de uso hospitalario, anestésicos, fármacos empleados en cuidados intensivos y tratamientos esenciales para enfermedades crónicas. El Ministerio, no obstante, distingue entre los medicamentos que registran incidencias de suministro con mayor frecuencia y aquellos cuya ausencia tendría consecuencias clínicas más graves. “La criticidad depende tanto del riesgo de desabastecimiento como de la posibilidad de sustituir el medicamento y del impacto de su falta sobre los pacientes”, subrayan.
Revisar precios y cambiar la contratación
Ante este escenario, Sanidad abre la puerta a revisar el precio de determinados medicamentos esenciales cuando las condiciones económicas dificulten mantener un suministro estable. “En determinados casos, una revisión justificada del precio puede ser una medida de protección del abastecimiento”, sostiene el departamento. Esta posibilidad, añade, debería aplicarse con criterios objetivos, transparencia y garantías de proporcionalidad.
El Ministerio también defiende cambios en la contratación pública para que las adjudicaciones no dependan exclusivamente del coste. Entre los criterios que considera necesario incorporar figuran la fiabilidad del proveedor, la diversificación de las fuentes de abastecimiento y la capacidad de respuesta ante incidencias.
La legislación de contratos públicos, recuerda, ya permite utilizar criterios distintos del precio, establecer contratos con varios adjudicatarios y fijar condiciones de ejecución que refuercen la continuidad del suministro. Además, en el marco de la estrategia de la industria farmacéutica, está trabajando un grupo de trabajo para elaborar una guía de buenas prácticas de contratación de medicamentos.
El objetivo es evitar que la búsqueda del menor precio favorezca una dependencia excesiva de pocos fabricantes y deje al sistema sin alternativas cuando se produce una interrupción de la producción.
Más coordinación entre España y Europa
La prevención de los desabastecimientos constituye otro de los ejes de actuación. Sanidad destaca la experiencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que realiza un seguimiento continuado de las incidencias, trabaja con los laboratorios para restablecer el abastecimiento y puede activar medidas como la distribución controlada, la búsqueda de alternativas terapéuticas o la importación de medicamentos extranjeros.
Sin embargo, el departamento considera necesario avanzar hacia una mayor anticipación de los riesgos, con información más completa sobre las cadenas de suministro, identificación de dependencias estratégicas y coordinación entre administraciones, fabricantes y profesionales sanitarios.
En este sentido, la nueva legislación de medicamentos y la iniciativa europea Critical Medicines Act ofrecen oportunidades para reforzar los instrumentos de protección de los fármacos estratégicos y abordar dependencias que ningún país puede resolver por separado.
Sanidad insiste en que la política farmacéutica debe vincularse con la industrial para mantener la capacidad de fabricar y comercializar estos tratamientos. “No podemos pretender que los presupuestos sanitarios asuman por sí solos toda la responsabilidad de toda la resiliencia industrial”, concluye el Ministerio, que apunta así a la necesidad de repartir los costes de reforzar la autonomía estratégica europea.