El Comité Asesor para la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene un plan estratégico definido. Hace apenas unas horas que el Ministerio de Sanidad ha hecho pública la guía de este organismo, un documento que muestra las líneas a corto-medio plazo que seguirá la entidad presidida por Ana Ortega. El documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, contiene varias ideas. Por un lado, impulsa una revisión del sistema de precios de referencia para los fármacos. Sin embargo, esta no es la única filosofía del CAPF, y es que la organización trabaja en establecer umbrales de coste por año de vida ajustado por calidad de los medicamentos.
El texto evidencia el rumbo de trabajo que va a tomar el Comité del Ministerio de Sanidad. El CAPF, que en los últimos meses ha emitido múltiples informes centrados tanto en el ámbito de los productos farmacéuticos como en la evaluación de tecnologías sanitarias, ya ha dado a conocer sus líneas para los próximos tiempos. Así, cabe destacar que este documento está fechado hace aproximadamente un año, el 18 de noviembre de 2025, si bien el departamento de Mónica García no lo ha hecho público hasta ahora.
El plan estratégico del CAPF
La redacción de este texto ya deja varias ideas. Para empezar, es un documento de consenso que se encarga de actualizar el plan estratégico del Comité Asesor para la Prestación Farmacéutica del SNS, cuya última reforma data de 2020. Así, sus mejoras están focalizadas, principalmente, en mejorar las políticas de precios y financiación de medicamentos en la sanidad pública.
Esa es la idea con la que nace esta guía. Un proyecto que, como figura en la publicación a la que ha tenido acceso Redacción Médica, consta de cinco ejes principales. Tal y como indica, las líneas estratégicas son: recursos presupuestarios y personales; políticas para fomentar la competencia; criterios y procedimientos de fijación de precios y financiación de nuevos medicamentos e indicaciones en un procedimiento comprensivo de evaluación y posicionamiento; guías de apoyo para la evaluación y posicionamiento de medicamentos; y recomendaciones para el desarrollo de un sistema de evaluación dinámico.
Todos ellos son los pilares del documento que pretende guiar el rumbo del CAPF. De hecho, hace casi dos años que el organismo cambió su cúpula directiva, que en este momento se encuentra bajo la presidencia de Ana Ortega.
El Comité sitúa la adecuación de los medios disponibles en la Administración Pública como algo imprescindible. Así, reclama dotar a las instituciones de recursos presupuestarios suficientes y de personal técnico cualificado. Todo ello de cara a respaldar con solvencia científica las revisiones regulatorias previstas y ejecutar con garantías las distintas propuestas.
Otro de sus ejes está protagonizado por el impulso de la competencia. En este sentido, el Comité propone una revisión profunda del actual Sistema de Precios de Referencia (SPR) basada en la evidencia y el análisis comparado internacional para corregir debilidades y optimizar su eficiencia. En paralelo, aborda la exploración de fórmulas de compra adicionales (como subastas, adquisiciones centralizadas o conjuntas y medidas de transparencia de precios), junto con el análisis de la competencia entre principios activos de similar valor terapéutico y la fijación de reglas claras para el precio de entrada de medicamentos genéricos y biosimilares.
En cuanto a los criterios de fijación de precios y financiación, el documento plantea un sistema de evaluación en el que la negociación económica esté estrechamente ligada al beneficio clínico incremental y a la relación coste-efectividad. Asimismo, se contemplan pautas procedimentales para resolver la inclusión o exclusión de fármacos en la prestación pública, criterios específicos para medicamentos con autorización comercial condicional por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y una guía para modular la financiación en función de la incertidumbre clínica y económica.
Es aquí donde el CAPF subraya las recomendaciones de cara a definir un umbral de coste por Año de Vida Ajustado por Calidad (AVAC), estableciendo así la disposición máxima a pagar del Sistema Nacional de Salud.
Todas estas medidas necesitan herramientas. Y son las que propone el Comité en otro de sus ejes, donde aborda la elaboración y actualización de guías técnicas de apoyo destinadas a homogeneizar la evaluación y el posicionamiento de los fármacos según estándares internacionales. Entre ellas destacan, por ejemplo, la guía de impacto presupuestario (que se sumará a la guía metodológica de coste-efectividad de 2024), y el desarrollo de directrices para valorar el beneficio clínico incremental.
El último de los apartados se encarga de promover una transición hacia un modelo de evaluación dinámico. Así, el Comité mira a un diseño y seguimiento sistemático de acuerdos innovadores de acceso al mercado, tanto de carácter financiero como basados en resultados en salud. Con el apoyo de sistemas de información adecuados, se plantea monitorizar la efectividad en vida real para permitir revisiones dinámicas de los precios y de las condiciones de financiación ante nuevas evidencias clínicas o económicas.