El proyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios ya ha sido aprobado por el Gobierno y ahora sigue su tramitación en las Cortes. Una reforma reconocida positivamente por las comunidades autónomas y que ahora definirá más su papel en la cadena de valor de los medicamentos. Así se ha expuesto en el XV Encuentro Global de Altos Cargos, organizado por Redacción Médica, que cuenta con el auspicio de Fenin y con el patrocinio de Abbott, Intuitive, Air Liquide Healthcare, General Electric Healthcare, Incyte, Insulet Pharma y Pfizer, en donde se ha considerado que la actualización de esta norma "es necesaria" por haber quedado obsoleta e "importante" por los ámbitos que abarca. El debate ha estado dirigido por Regina Leal, ex directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), quien ha sido la encargada de orientar el diálogo hacia los puntos clave de la nueva norma.

Claves y cambios en las estructuras de la nueva ley

"Estamos en una reforma especialmente importante, desde la investigación y autorización, pasando por la farmacovigilancia, la fabricación y el suministro, hasta la evaluación, la financiación, la prescripción, la dispensación y los sistemas de información", ha señalado María Martínez, directora general de Planificación, Farmacia e Investigación de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, quien ha destacado tres puntos dentro del proyecto de ley: la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, la investigación clínica y la sostenibilidad económica y política de precios.

"Las responsabilidades tienen que estar claramente definidas", ha dicho en relación al primer punto, con una "capacidad real para ejecutar las decisiones" de parte de las comunidades autónomas. El segundo está vinculado con la investigación clínica: "Si queremos decisiones farmacéuticas basadas en valor, necesitamos una investigación clínica capaz de generar evidencia útil para esas decisiones". Y, por último, la sostenibilidad económica y la política de precios, destacando que "un medicamento barato no es necesariamente uno sostenible". "La sostenibilidad tiene que incluir también la capacidad de mantener la competencia, la producción, el suministro", ha añadido.

Pero nada sería posible sin un cambio en las estructuras que permitan la adaptación de las regiones con la incorporación de herramientas y bajo una ley que "ampare" todo el ecosistema. "Para mí es fundamental la consolidación y la evolución de las estructuras que dan soporte al uso racional del medicamento", ha precisado Ana Cristina Bandrés, coordinadora autonómica de Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios del Gobierno de Aragón. Así, ha subrayado un aporte de las regiones en la norma que guarda relación con la creación de un órgano de cooperación para coordinar ese uso racional del medicamento a nivel nacional: la Comisión Permanente de Farmacia. "Este órgano ya existía, pero no aparecía como un órgano de cooperación", ha agregado, con lo cual, ahora se podrán diseñar políticas de farmacia para todo el territorio.

De la misma forma, la norma reconoce a las comisiones autonómicas de Farmacia, con el trabajo en "modelos centralizados" para el "posicionamiento de los fármacos" y que lleguen de forma "ágil" a toda la autonomía, evitando que se repitan procesos de evaluación y, con ello, optimizar el procedimiento. Bandrés también ha puesto énfasis en la creación de la figura de las Comisiones de Coordinación Farmacoterapéuticas, lo cual -pese a la falta de experiencia de las comunidades autónomas en este ámbito- supone una "oportunidad".

No queda fuera la financiación. "Ya habla la ley de que hemos de introducir nuevos criterios. Hablamos del valor social, del impacto medioambiental y de otras cuestiones. Y, sobre todo, incorpora nuevas formas de financiación, como son la condicional, provisional o procedimientos acelerados, que lo que hacen es dar respuesta a lo que ahora nos está ocurriendo en las comunidades autónomas", ha explicado. Con estos nuevos modelos se podrá incorporar medicamentos con incertidumbre o valor añadido a los que, hasta ahora, había problemas para acceder.

Además, la incorporación en la ley de la sostenibilidad que, según Bandrés, "tiene que ser una corresponsabilidad de todos": la administración pública, los pacientes y los profesionales, un mensaje que -ha considerado- todavía no han "logrado calar" en estos dos últimos actores.

La sostenibilidad financiera y la incorporación del producto sanitario

La nueva ley intenta responder, básicamente, a los desafíos que "condicionan la política farmacéutica en general" y de garantizar el acceso a la innovación, así como asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y reforzar la resiliencia del ya existente frente a los problemas de suministro. Así lo ha detallado Luis Manuel Bravo García Cuevas, director de Farmacia del Servicio Extremeño de Salud (SES). "Uno de los cambios que recoge esta ley, que son quizás más relevantes, es que el valor del medicamento no finaliza o no se circunscribe únicamente a su autorización y la financiación, sino que realmente va más allá", ha señalado.

Al igual que Ana Cristina Bandrés, Bravo García ha destacado ese "pasito adelante" que se ha dado con el reconocimiento de las comisiones de Farmacia, "dando ese paraguas a todas las comisiones regionales que existen en las comunidades autónomas para que nos ayuden a posicionar, no a evaluar de nuevo". En esa línea, ha reconocido especialmente la incorporación de las Comisiones de Coordinación, por tratarse de un cambio "muy positivo" que ahora incluye a agentes nuevos en el sistema como las farmacias comunitarias y las oficinas de farmacia.

Por último, para Elena Gras, directora general de farmacia de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, otro aspecto a destacar en el proyecto es la incorporación "con mayor claridad" del producto sanitario, que actualmente "es muy importante". "Ya no es el de hace mucho tiempo, ahora es una tecnología de alto impacto clínico y sanitario. Incorporarlo en este tratamiento normativo es muy interesante", ha puntualizado.

Así también, en lo relacionado a la contratación, ha considerado que existen "ciertos avances", pero, a su juicio, aún se necesita de procedimientos "más ágiles" para que el acceso al medicamento "acabe en esa parte de implementación en nuestros sistemas autonómicos".