Con la entrada en vigor, este sábado, de la nueva ley para homogeneizar los programas de cribado neonatal en toda España, también lo hará el nuevo marco para reforzar la confidencialidad en los procesos de financiación de nuevos fármacos en España, una iniciativa del Gobierno con la que, según ha defendido en varias ocasiones el Ministerio de Sanidad, se quiere proteger el acceso a la innovación terapéutica frente al encarecimiento de nuevas terapias por los efectos de las políticas trumpistas en materia farmacéutica.
A finales de 2025 la Casa Blanca comenzó a firmar acuerdos comerciales con empresas farmacéuticas incluyendo la llamada cláusula de Nación Más Favorecida (MNF por sus siglas en inglés), que obliga a que Estados Unidos no pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca. España no forma parte del G7, pero, según defiende Sanidad, los efectos de esos acuerdos comerciales entre la potencia norteamericana y las pharma terminan por afectar a otras naciones por mero efecto cascada. Redacción Médica avanzó en marzo las advertencias que Sanidad ya estaba trasladando al respecto en el seno del Gobierno e incluso en el grupo plurinacional Sumar del Congreso: según su Secretaría de Estado, esa situación estaba suponiendo, “de facto”, retrasos y “reticencias” en el mercado europeo de medicamentos innovadores.
Dos nuevas premisas para financiar medicamentos
En un primer momento, los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Sumar, registraron una enmienda a la reforma de la ley de discapacidad y dependencia -ya aprobada por el Congreso el 14 de julio-, cuya tramitación dependía de la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Baja, proponiendo una reforma parcial de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y los Productos Sanitarios bajo dos premisas.
La primera, que la confidencialidad que ya afectaba a la información económica sobre fijación de precios de fármacos se extendiera a “los acuerdos de financiación que se alcancen” y a “la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas”; la segunda, que se obligara a las compañías farmacéuticas a comunicar al Ministerio de Sanidad toda ayuda financiera recibida de las administraciones públicas, de entidades filantrópicas y de organizaciones sin ánimo de lucro para desarrollar un medicamento o un producto sanitario, un antimicrobiano o antiviral de reserva “o cualquier otro medicamento que pueda tener un carácter estratégico”.
Sin embargo, el Gobierno decidió cambiar de planes y registrar esa enmienda en la proposición de ley para reformar los programas de cribado neonatal, cuya tramitación parlamentaria se antojaba más sencilla. De hecho, PSOE y Sumar acabaron pactando con el PP la inclusión de dicha enmienda en el articulado normativo, lo cual cogió con el pie cambiado a varios de los grupos parlamentarios. En la Comisión de Sanidad en la que se aprobó el dictamen de la proposición de ley con competencia legislativa plena, en junio, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna no ocultó su rechazo a la medida arguyendo que atentaba contra la transparencia y que beneficiaba a la industria farmacéutica.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, le respondió indirectamente en su posterior comparecencia en la Comisión de Sanidad ese mismo día. Al respecto recordó que el Ministerio de Sanidad ya había dado pasos en pos de la transparencia, por ejemplo, publicando los datos sobre tiempos de financiación y los informes sobre el proceso y los acuerdos en la materia. Según explicó, lo que había hecho Sanidad impulsando la reforma legislativa sobre opacidad era responsabilizarse de los riesgos derivados de las políticas trumpistas. “Mientras reforzamos la transparencia por otra vía, conseguimos asegurar que no se nos va a colocar en una situación de debilidad negociadora. No es una medida de protección a la industria, sino a los pacientes”, subrayó.
Tras superar la criba del Senado en la Comisión de Sanidad y en el pleno, la nueva ley del cribado neonatal recibió el visto bueno definitivo del Congreso la semana pasada incluyendo el nuevo marco de opacidad en la financiación de medicamentos.
El conflicto jurídico sobre la financiación de fármacos
Para entender la importancia de la medida en todo su contexto cabe recordar el conflicto jurídico abierto entre el Gobierno y la Fundación Civio al respecto. En primavera, cuando PSOE y Sumar registraron su enmienda en la reforma de la ley de discapacidad y dependencia, Civio publicó un comunicado criticando duramente la postura del Ejecutivo y defendiendo una mayor transparencia en torno a los precios netos de fármacos.
La disputa viene de 2021, cuando Civio pidió información sobre el coste y las condiciones de financiación de Luxturna, una terapia génica de Novartis para tratar la distrofia retiniana hereditaria. Tanto la compañía farmacéutica como el Ministerio de Sanidad rechazaron la petición amparándose en el régimen de confidencialidad entonces vigente a través de la Ley de Garantías. Civio recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional, que falló a favor de Novartis, pero, en enero, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de casación de la Fundación.