La regulación de la electrodependencia ya tiene un análisis en profundidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el Real Decreto que legisla la atención y el blindaje a las personas electrodependientes. El Ministerio de Sanidad sacó a audiencia pública el texto a finales de julio, y trajo consigo la propuesta de la creación de un registro estatal de este tipo de pacientes. Ahora es la propia Comisión la que, si bien valora favorablemente este proyecto, plantea tres fórmulas de mejora centradas en la coordinación entre administraciones, el intercambio con el sector eléctrico y la fijación de plazos.
Esas tres ideas centran las conclusiones de la CNMC. El organismo ya ha dado luz verde a su reflexión sobre el proyecto de Real Decreto. De hecho, cabe recordar que el departamento liderado por Mónica García ya avanzó el propósito del texto. Según informó Redacción Médica por entonces, se establecen los criterios para acreditar "la situación de electrodependencia, vinculados a la existencia de una patología grave, la necesidad de un producto sanitario dependiente de suministro eléctrico constante, la prescripción médica correspondiente y el riesgo derivado de la interrupción del suministro".
Asimismo, este RD crea el Registro estatal de personas en situación de electrodependencia, para facilitar el diseño de políticas sanitarias, sociales y energéticas.
La CNMC ante el RD de personas electrodependientes
Esa es la base que ha tenido la Comisión para emitir su valoración. Bajo la presidencia de Juan José Ganuza, la organización recalca que "la iniciativa tiene como objetivo establecer criterios comunes en todo el territorio nacional para identificar y proteger a las personas que dependen de un suministro eléctrico continuo para alimentar productos sanitarios imprescindibles para mantener funciones vitales esenciales o evitar secuelas funcionales severas".
No es la única idea que se desprende del informe. "El proyecto define por primera vez de forma homogénea qué debe entenderse por persona electrodependiente y regula el procedimiento para acreditar esta condición", recuerda la CNMC.
Las conclusiones del organismo público se basan en tres pilares. Si bien, antes de lanzar estas fórmulas, la Comisión explica que "valora favorablemente el proyecto porque aporta una definición común de la electrodependencia, mejora la seguridad jurídica y contribuye a una aplicación más homogénea de la protección prevista para estas personas".
Es en este punto donde llegan las recomendaciones. La primera de ellas, como reza el informe, se centra en "mejorar la coordinación entre administraciones para garantizar una aplicación homogénea del sistema de acreditación en todo el territorio, también en caso de cambio de residencia a otra comunidad autónoma".
En segundo lugar, la CNMC hace alusión a la propuesta de "reforzar la coordinación con los operadores eléctricos". De esta forma, propone aclarar los mecanismos de intercambio de información y el uso de los datos del registro.
La tercera de las vías está protagonizada por los periodos a los que hacen frente los pacientes. Así, la Comisión recomienda a Sanidad "valorar la fijación de un plazo máximo específico para una resolución breve y preferente del procedimiento de acreditación y reconocimiento de la condición de persona electrodependiente".
Con estas aportaciones, la CNMC respalda el paso adelante que supone dotar a España de una definición común y un registro estatal para los pacientes electrodependientes. Sin embargo, el organismo regulador advierte de que el blindaje normativo solo será efectivo si se acompaña de una sólida coordinación técnica e interadministrativa. Clarificar la interoperabilidad con las eléctricas, armonizar los criterios autonómicos y acotar los tiempos de resolución resultarán factores determinantes para evitar fisuras en la protección de este colectivo vulnerable. Ahora la pelota queda en el tejado de Sanidad, que deberá decidir si incorpora estos ajustes al texto definitivo del Real Decreto.