La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para reformar su modelo de financiación destinado a la atención terapéutica de la discapacidad. A través de una consulta pública impulsada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, el gobierno autonómico plantea aprobar unas nuevas bases reguladoras que abrirán por primera vez estas subvenciones a las entidades privadas con ánimo de lucro.
Hasta la fecha, la convocatoria anual para el mantenimiento de plazas en centros y servicios de tratamiento estaba restringida exclusivamente a organizaciones sin fin de lucro, al amparo de la Orden 924/2024. Según recoge la memoria del proyecto, esta limitación excluía de la concurrencia a empresas privadas titulares o gestoras de centros debidamente inscritos y autorizados que disponen de los medios personales y materiales exigidos para desarrollar esta labor asistencial.
Con este giro normativo, la Administración madrileña busca orientar la subvención hacia la actividad de interés social efectivamente realizada y hacia la calidad del recurso, eliminando cualquier preferencia basada en la forma jurídica de la entidad. No obstante, el documento subraya que el carácter lucrativo no modificará la finalidad pública de la ayuda ni dispensará del estricto cumplimiento de los requisitos técnicos, registrales, fiscales, laborales, de control financiero y de protección de datos y de menores.
Criterios objetivos y nuevo marco normativo
La ampliación del universo de posibles beneficiarios persigue incrementar la concurrencia potencial y facilitar una mayor disponibilidad y cobertura territorial de centros autorizados en toda la región. Para asegurar la equidad en el reparto de los fondos públicos, la selección se regirá por criterios objetivos vinculados a la calidad técnica, la adecuación del programa, la cualificación profesional, la intensidad de la atención, la accesibilidad y el coste elegible
Desde el punto de vista jurídico, la Consejería ha descartado realizar una modificación parcial de la vigente Orden 924/2024. Dado que los cambios afectan de forma estructural al objeto, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables y los sistemas de justificación, el Gobierno regional ha optado por tramitar una nueva orden que derogará la anterior, evitando así la fragmentación normativa y ofreciendo un marco único y comprensible a los operadores interesados en concurrir.
Continuidad asistencial entre los 6 y los 12 años
Junto a la apertura al sector privado empresarial, el segundo gran eje de la reforma es la creación de una nueva línea específica de subvenciones para menores con discapacidad de entre 6 y 12 años. Actualmente, la red regional de Atención Temprana ofrece intervención terapéutica en las primeras etapas de la vida (de 0 a 6 años) a niños que presentan alteraciones en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla.
La futura orden garantizará la continuidad de los apoyos terapéuticos cuando el menor siga precisando tratamiento tras cumplir los seis años, concretando para ello los servicios financiables, los perfiles profesionales exigidos, los costes elegibles y las incompatibilidades. "La evaluación ex post realizada a los indicadores de esta subvención, unida a la demanda constante de las familias de menores con discapacidad, ha evidenciado la necesidad de crear un recurso específico que garantice la continuidad de la intervención terapéutica del menor cuando finalizada la etapa de atención temprana continúe precisando apoyos para mejorar su calidad de vida", han justificado desde el Gobierno.
