Los responsables de los servicios quirúrgicos y de Anestesiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal han emitido este miércoles un comunicado conjunto de "tranquilidad y confianza" en el que han defendido la gestión de las listas de espera quirúrgicas del centro y explicado que la asignación de prioridades responde a criterios "exclusivamente médicos, atendiendo a criterios clínicos".
Este pronunciamiento llega después de que El País diera a conocer la presunta reclasificación de al menos 57 pacientes pendientes de una intervención en la lista de espera quirúrgica del hospital y de que Más Madrid trasladara el caso a la Fiscalía Provincial de Madrid. Según han comunicado desde el hospital, la prioridad en las listas se establece en función de "la gravedad de la patología, el riesgo de deterioro de la salud del paciente y las necesidades asistenciales derivadas de su situación clínica".
Entre los pacientes afectados, como recoge la información sobre la denuncia interpuesta por Más Madrid, se encontraban personas diagnosticadas de anomalías de columna, síndrome del túnel carpiano y luxaciones, además de al menos un menor de tres años cuyos padres no habrían sido informados del cambio de prioridad.
Una decisión basada en criterios clínicos
El comunicado, que no entra en el detalle de los 57 pacientes cuya reclasificación ha sido cuestionada, ni analiza las circunstancias concretas de cada caso, se centra principalmente en reivindicar el criterio clínico de los profesionales y en explicar las responsabilidades de los servicios en la gestión de la lista de espera.
Frente al presunto caso de reclasificación, los responsables médicos del Ramón y Cajal han puesto el foco en los criterios que, según defienden, deben determinar la posición de cada paciente en la lista. En su comunicado recuerdan que cada facultativo tiene responsabilidad en la gestión clínica de su programación quirúrgica de acuerdo con su Servicio, por ello, "cuando considera que la evolución de un paciente o sus circunstancias clínicas justifican una modificación de su nivel de prioridad respecto a otros pacientes a su cargo, puede proponer y realizar los cambios oportunos conforme a los criterios asistenciales vigentes".
Los jefes de servicio sostienen además que ellos, junto con los jefes de sección y Unidad, son "los responsables últimos de velar por la correcta aplicación de los criterios clínicos establecidos en cada especialidad". Por ello, defienden que, si detectan que una inclusión o una asignación de prioridad no responde a esos criterios, deben revisarla y, si corresponde, modificarla.
"Profesionalidad, rigor clínico, equidad y transparencia"
Según la información que ha trascendido sobre el caso, los pacientes habrían pasado de la categoría preferente, que establece un plazo máximo de 90 días para la intervención, a la ordinaria, con un plazo de hasta 180 días. La reclasificación habría quedado reflejada en una serie de correos electrónicos registrados entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025.
Atendiendo a las polémicas, los jefes del hospital defienden que la gestión de las listas de espera se realiza bajo "principios de profesionalidad, rigor clínico, equidad y transparencia". El objetivo, señalan, es ofrecer la mejor atención posible y garantizar que los pacientes con una mayor necesidad asistencial sean atendidos "con la máxima diligencia".
En la misma línea, los profesionales del centro han reivindicado su compromiso con una asistencia sanitaria pública de calidad basada, según recoge el comunicado, en "decisiones clínicas independientes y orientadas exclusivamente al bienestar de los pacientes".