Redacción. Madrid
La Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE defiende la necesidad de que exista una seguridad jurídica de las distintas fórmulas existentes de colaboración público-privada en el ámbito sanitario.
De igual forma comparte plenamente los argumentos expuestos por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y que ponen en valor la eficiencia de la gestión privada en colaboración con las distintas administraciones y su necesaria existencia en beneficio del propio sistema sanitario público.
Esta Comisión, presidida por Carlos González Bosch, considera que uno de los principios que deben regir el funcionamiento de las administraciones al servicio de los intereses generales es el de la eficiencia. Y esta eficiencia “no se busca a través del traspaso de la titularidad pública a la privada, sino que se busca acudiendo a mecanismos jurídicos que permiten una gestión más flexible, mediante la aplicación de técnicas empresariales a la sanidad”. El sector sanitario privado –dice la nota- coexiste, complementa y colabora con los sistemas públicos con total normalidad.
Actualmente, según la CEOE, son fórmulas extendidas en todas las Comunidades Autónomas y que funcionan con normalidad, por lo que no se puede entender que se presenten nuevas iniciativas parlamentarias que traten de revertir procesos ya iniciados y consolidados que, tras una gestión basada en resultados, suponen un apoyo en la sostenibilidad asistencial y financiera del sistema.
La Comisión recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de abril que concluye que la gestión indirecta no cuestiona el carácter público de las prestaciones sanitarias.
Y considera que esta sentencia unánime “no hace más que confirmar jurídicamente una realidad y debe ser un impulso a la actividad normalizada que muchos sectores y empresas sanitarias vienen desarrollando en colaboración con los sistemas públicos, tanto sanitarios como sociosanitarios”.
La Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE defiende la necesidad de que exista una seguridad jurídica de las distintas fórmulas existentes de colaboración público-privada en el ámbito sanitario.
Carlos González Bosch. |
Esta Comisión, presidida por Carlos González Bosch, considera que uno de los principios que deben regir el funcionamiento de las administraciones al servicio de los intereses generales es el de la eficiencia. Y esta eficiencia “no se busca a través del traspaso de la titularidad pública a la privada, sino que se busca acudiendo a mecanismos jurídicos que permiten una gestión más flexible, mediante la aplicación de técnicas empresariales a la sanidad”. El sector sanitario privado –dice la nota- coexiste, complementa y colabora con los sistemas públicos con total normalidad.
Actualmente, según la CEOE, son fórmulas extendidas en todas las Comunidades Autónomas y que funcionan con normalidad, por lo que no se puede entender que se presenten nuevas iniciativas parlamentarias que traten de revertir procesos ya iniciados y consolidados que, tras una gestión basada en resultados, suponen un apoyo en la sostenibilidad asistencial y financiera del sistema.
La Comisión recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de abril que concluye que la gestión indirecta no cuestiona el carácter público de las prestaciones sanitarias.
Y considera que esta sentencia unánime “no hace más que confirmar jurídicamente una realidad y debe ser un impulso a la actividad normalizada que muchos sectores y empresas sanitarias vienen desarrollando en colaboración con los sistemas públicos, tanto sanitarios como sociosanitarios”.