Cristina Mouriño.
La Asamblea de Madrid ha aprobado con 69 votos a favor la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad) que incluye la externalización de la gestión de seis hospitales (Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo) y del 10 por ciento de los centros de salud, entre otros asuntos. Las enmiendas de los grupos de la oposición (UPyD, IU-Los Verdes y PSOE) han sido todas rechazas.
La Ley contempla además la implantación de la tasa del euro por receta y la jubilación forzosa de los profesionales sanitarios a los 65 años. En este sentido, establece que su prolongación en el servicio activo quedará restringida al 30 por ciento del personal estatutario según las necesidades de la organización.
Asimismo, se establece la jornada a tiempo parcial de los profesionales. Se autoriza que los nombramientos de personal estatutario temporal podrán expedirse para la prestación de servicios con dedicación parcial en el porcentaje, días y horario que, en cada caso, y atendiendo a las circunstancias organizativas, funcionales y asistenciales, se determinen, con una limitación máxima del 75 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente corresponda si se trata de nombramiento temporal de menor duración.
La Ley introduce también una modificación de la Ley Reguladora de la Hacienda a partir de la cual las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) serán fiscalizadas, a partir de 2013, por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Por parte de los grupos, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha criticado que el conflicto en la sanidad está “enquistado” y ha subrayado que su principal responsable es el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, por lo que ha pedido al presidente del Ejecutivo madrileño su cese. Asimismo, ha solicitado la supresión del artículo 56 de la Ley relativo a la externalización de la gestión de los 6 hospitales. A este respecto Velasco ha apuntado que “no es compatible la búsqueda de beneficio con un derecho absolutamente constitucional como es el derecho a la salud”.
A juicio de la diputada de IU-Los Verdes, Libertad Martínez, “los poderosos (en alusión a los populares) han iniciado una nueva lucha de clases con una ley que empobrece las condiciones de vida de los madrileños”.
Por último, el socialista Antonio Carmona ha señalado que “esto no es una ley, es un escándalo para la sanidad pública para hacer negocio con ella”. Carmona ha exigido la dimisión del consejero Fernández-Lasquetty. “Tenemos una frontera por delante que es buscar prosperidad”, ha concluido.