Félix Espoz. Madrid
El Partido Socialista de Madrid ha llevado a la Comisión de Vigilancia de Contrataciones de la Asamblea de Madrid la adjudicación del nuevo hospital de Móstoles, el Rey Juan Carlos, por cuatro motivos, su precio, los retrasos en su construcción, las visitas de la presidenta Aguirre y por la preocupación de la situación de uno de los mayores inversores (el Grupo Capio), según ha explicado la diputada socialista Livia Castillo.
Durante su intervención ha señalado que parte de las preocupaciones de su grupo sobre este hospital se basan en que “el Gobierno de Esperanza Aguirre no ejerce el lógico control de los compromisos contractuales sobre la gestión (de los nuevos hospitales) ni tampoco evalúa sus resultados”, en referencia, según la diputada, a un informe de la Cámara de Cuentas que identifica “deficiencias”.
La Comunidad manejaba para este proyecto un presupuesto indeterminado, por lo que Castillo ha señalado que “se debió fijar un precio adecuado al servicio”, ya que había datos en los que basarlo: “por qué hay que dejar en manos de los licitadores el coste”. La diputada ha puesto como ejemplo el Hospital Clínico, “de referencia de la región” que tiene un coste de 382.000 euros cama/año, mientras que en los otros dos hospitales en los que está presente el grupo adjudicatario, siempre según Castillo, tienen un coste cama/año más alto que los demás.
En lo referente a los retrasos, Castillo afirma que cuando se hizo público el proyecto se habló por parte del Gobierno regional que estaría listo antes del fin de la legislatura, algo que no sucederá. Además, ha recordado que la presidenta de la Comunidad ya ha visitado en dos ocasiones las obras del centro y ha mostrado su preocupación respecto a que la presidenta pueda caer en la ilegalidad en periodo de campaña con un “festival de visitas para poner la segunda piedra, la tercera piedra, la cuarta piedra, etc.”.
Castillo también ha preguntado por la situación en España de Capio, “la empresa que lidera el consorcio adjudicatario” del proyecto, que está en proceso de “desinversión en el país”, y “cuyo capital pasa de la multinacional APAS a la sociedad capital riego CVC”, para saber “¿cómo el Gobierno va a asegurar la salud de los madrileños?”, pese a esta coyuntura.
La Consejería segura que sí hay control
Para contestar a las preguntas de la diputada, ha asistido, en nombre del consejero Fernández-Lasquetty, la secretaria general técnica, Cristina Torre-Marín, que ha explicado que “desde luego que hay supervisión y control”, a través de mecanismos que están “muy bien establecidos en el pliego” de condiciones de la adjudicación.
Torre-Marín ha destacado que “gracias a la colaboración público-privada, como este expediente, se va a conseguir poner un hospital con 260 habitaciones individuales, 10 quirófanos, 47 consultas, 10 puestos de hospital de día, una Unidad de Diálisis, una Unidad de Hemodinámica o un Servicio de Cardiología que va incluir la cirugía cardiovascular”, entre otras cuestiones que ha relatado.
La secretaria general técnica ha añadido que las obras de construcción de este centro “van a muy buen ritmo”, que la fase de cimentación ya ha terminado y que ahora mismo se está construyendo la estructura del edificio, que terminará de construirse a finales de 2011 y que se espera que entre en funcionamiento a principios de 2012.
Respecto a la situación que atraviesa Capio, Torre-Marín ha dicho que en el pliego de condiciones está recogido todo lo que tiene que cumplir la empresa adjudicataria y sea quien sea responsable de la compañía.