2.400 médicos de AP dan de plazo a Lasquetty hasta el 1 de marzo para que les escuche

Félix Espoz / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid

El Grupo antiburocracia de Madrid, compuesto por médicos de Atención Primaria de la Comunidad, y avalados por 2.400 de sus compañeros, ha pedido al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que les reciba antes del 1 de marzo (tras meses solicitándolo) para intentar mejorar seis puntos de organización que les permita reducir la burocracia a la que se ven sometidos, ya que “no pueden seguir trabajando en estas condiciones”.

De no ser recibidos antes de esta fecha tomarán una serie de medidas, que pasan “por el cumplimiento estricto de la ley”, que pueden afectar a las recetas de centros geriátricos, urgencias o bajas laborales.

El primero de estos seis puntos, según este grupo, es que la normativa sobre bajas laborales de la Comunidad (15 de diciembre de 2009) que señala que sólo el médico de Primaria emite estos documentos independientemente de quien recomienda la incapacidad laboral. Según Antonio Ruiz Sánchez, miembro de la plataforma, esto “crea una tensión constante”, que “está provocando que las bajas se eternicen”, cuando el paciente entra en “el laberinto”, de ser atendido en un sitio, recoger los papeles en otro, las revisiones en las mutuas, etc.

También se quejan, en palabras de Ruiz Sánchez, de que en Madrid, “en sentido contrario a lo que acontece en otras comunidades”, es el médico de AP “el que debe transcribir en receta oficial lo que otro médico ha prescrito”, en referencia a los servicios de Urgencia, pese a que “cada médico debe ser responsable de sus prescripciones como apunta la Ley”.

Otras reivindicaciones de este colectivo son la implantación de la receta electrónica o dejar de trascribir en recetas oficiales las prescripciones de médicos privados de las residencias geriátricas, una práctica “de todos los días”.

“Comienza a ser esperpéntico el panorama informático de la Atención Primaria”, añade Ruiz Sánchez. El acceso a la historia clínica electrónica es otra fuente de conflictos para los médicos de AP, porque la conexión con las historias clínicas del hospital es altamente irregular, y según los centros, algunas pruebas complementarias vienen papel, otras digitalizadas, para acceder a otras hay que entrar en el laboratorio, y para tener acceso a lo escrito en otro centro de salud, hay que abrir otro programa distinto, denuncia el Grupo.

Por último ponen en tela de juicio “la ambigüedad de la normativa que especifica quién tiene que emitir los certificados de asistencia, hace que la carga recaiga principalmente en los médicos de AP”.

Medidas a tomar

Las medidas que plantea el colectivo “pasan por dejar de transcribir a recetas oficiales prescripciones de pacientes que no conocemos, como es el caso de las residencias geriátricas y dejar de prescribir fármacos que no estamos autorizados a indicar, este es el caso de los medicamentos de diagnóstico hospitalario”.

Además, aseguran que dejarán de ser flexibles en el cumplimiento de la normativa y se ajustarán textualmente a ella, es decir, “cada médico del sistema público de salud debe plasmar en receta oficial sus prescripciones”.